La Audiencia absuelve al exalcalde de Agres y rechaza que haya delito en el cobro de su sueldo

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha absuelto al exalcalde de Agres (Junts per Agres-Compromís), Josep Manel Francés, al no ver delito en el cobro de su sueldo, según la sentencia a la que ha tenido acceso Efe. El fallo no contempla que se hayan cometido delitos de prevaricación administrativa y malversación por las que la Fiscalía solicitaba tres años de prisión y doce de inhabilitación. El fallo considera que las limitaciones sobre su sueldo fueron un acuerdo político y no un mandato legal.

Los hechos se remontan al mandato iniciado en 2019. En aquel momento, un pacto plenario forzado por la oposición estableció que el sueldo del primer edil tendría una vigencia de solo un año. Al expirar ese plazo en agosto de 2020, Francés continuó percibiendo sus retribuciones (un total de 4.054 euros por cinco meses de trabajo) hasta que fue desalojado del cargo mediante una moción de censura en enero de 2021.

La clave de la absolución reside en la naturaleza de aquel límite temporal. Durante el juicio celebrado el pasado mes de marzo, Francés definió aquel acuerdo como una "encerrona" y una "jugarreta" de la oposición para ponerle "entre la espada y la pared". Ahora, la sentencia le da la razón en el plano jurídico al considerar que dicha limitación no era un mandato legal, sino un "acuerdo político". "El posible incumplimiento de estos acuerdos podría tener repercusión en el ámbito político con una moción de censura, como se hizo, pero en todo caso esta repercusión cae fuera del ámbito penal", razonan los magistrados.

El tribunal concluye que no existía obligación legal para que el acusado dejara de percibir su salario por el trabajo realizado, ni para que convocara un pleno específico para prorrogarlo. Al no haber una norma que restringiera el cobro más allá del pacto entre partidos, los jueces concluyen que no hubo resolución arbitraria ni desviación de poder.

El juicio puso el foco en los informes negativos de la secretaria-interventora que acompañaban a las nóminas. Sin embargo, el tribunal ha desestimado que esto constituyera malversación. La sentencia tilda de "correcta" la actitud de Francés, subrayando que el exalcalde intentó regularizar la situación presentando unos presupuestos y sometiéndose a una cuestión de confianza.

Reacciones

La defensa, ejercida por el abogado Ximo Perles, ya insistió durante la vista oral en que el dinero percibido correspondía a una labor efectiva (unas 13 horas semanales) que el edil restaba de su actividad profesional privada. "Nunca tuve intención de cobrar nada que no me pertenecía por el hecho de estar trabajando", declaró Francés en el banquillo. Tras conocer la noticia de la absolución, Perles aseguró a este diario que "no debería ser noticia que absuelven a un inocente. En cambio, los denunciantes que han generado el ruido mediático y han perjudicado la imagen de una persona que no ha cometido ningún delito son los que deberían asumir sus responsabilidades, dimitir y pedir disculpas".

Durante el juicio, el entonces alcalde de Agres defendió su inocencia y vinculó la denuncia con el delicado equilibrio entre las fuerzas políticas, donde su partido se quedó en minoría. "La intención era que estos pagos se aprobaran para todo el mandato, pero tuvimos que aceptar esa imposición" porque estaba en riesgo el gobierno del municipio, aseguró Francés. El acuerdo se cerró verbalmente "en cuestión de minutos porque nos vimos entre la espada y la pared". Un año después, en agosto de 2020, el PP presentó una moción en el Ayuntamiento para poner fin a ese sueldo. Francés ha asegurado que tras su aprobación estuvo dos meses sin cobrar, hasta que finalmente fue aceptado un recurso presentado por el regidor.

Francés aseguró que estas cantidades estaban incluidas en los presupuestos con los sueldos de la corporación, aunque señaló que trató de celebrar varias reuniones con la oposición a lo largo del año de 2020 para tratar de solucionarlo, pero estos no se querían reunir. Desde la defensa, el abogado Ximo Perles, que es portavoz de Compromís en la Diputación destacó que había un informe jurídico que establecía que era la figura del alcalde y no la del pleno quien tenía las competencias de decidir sobre los sueldos de los miembros de la corporación. Los pagos contaron con el informe negativo de la secretaria e interventora municipal, aunque estos no tenían carácter suspensivo por lo que el alcalde podía seguir cobrando su sueldo, argumentó. "Nunca tuve intención de cobrar nada que no me pertenecía por el hecho de estar trabajando". En este sentido, ha insistido en que la propia interventora había testificado que en esos pagos no había vicios de nulidad ni de anulabilidad.

La resolución judicial pone en perspectiva la convulsa política local de Agres, un municipio con una población de 600 habitantes. El conflicto por el sueldo fue el "detonante" de la moción de censura que aupó a la Alcaldía a Rafael Sanjuán (ex-PSOE) con el apoyo del PP. La actual alcaldesa, María García Pascual (PP), cuya formación presentó la denuncia original, declaró como testigo en el juicio manteniendo que el cobro era indebido, una tesis que ahora la Audiencia rechaza. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante el TSJCV.

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