Del parking de La Rosaleda a la ratio de Infantil y la "prioridad nacional": así ha sido el pleno de Alcoy

El pleno ordinario de Alcoy ha respaldado la petición del Consejo Escolar Municipal a la Generalitat de rebajar la ratio de las aulas de Infantil de 3 años para el próximo curso. Una moción presentada por el PSOE que ha sido apoyada por Compromís y Guanyar, con la oposición de PP y Vox, que han reclamado esperar a la decisión definitiva que tomará este mes la Conselleria de Educación.

Del mismo modo, Guanyar se ha quedado solo en su moción para pedir que se rescinda la concesión del parking de La Rosaleda por incumplimientos de la adjudicataria y se proceda a su reapertura bajo gestión municipal, ya que el ejecutivo municipal ha recordado que la ruptura del contrato está ya en marcha pero hay que seguir los cauces legales.

Y en cuanto a asumir el servicio, hay que ver primero en coste de las obras que hay que acometer en el complejo, cuyas deficiencias achaca el Ayuntamiento a la falta de mantenimiento de la empresa y problemas en su ejecución hace 25 años.

Sobre la ratio, el concejal de Educación, Alberto Belda (PSOE), ha recordado que la ratio actual está fijada en 25, y que si no se baja a 20 comportará el cierre de aulas. Así, ha destacado que lo que pide la comunidad educativa no supone un mayor gasto, ya que lo que quieren es mantener las 26 unidades actuales, pero reduciendo el número de alumnos.

Belda ha advertido que si no se rebaja la ratio, esto supondrá una pérdida de aulas que rechaza de plano la comunidad educativa y el ejecutivo municipal. Y Compromís y Guanyar han respaldado la disminución de la ratio, que este curso Educación subió de 23 a 25.

La propuesta se fundamenta en la realidad demográfica actual de Alcoy, donde para el próximo curso 2026-2027 hay 394 niños y niñas empadronados que se escolarizarán en Infantil de 3 años. Con la oferta actual de 26 grupos, la ciudad dispone de 512 vacantes, una cifra que permitiría aplicar esta reducción de la ratio sin dificultades organizativas y con un beneficio directo para el alumnado.

Por su parte PP y Vox han defendido que hay que esperar a la decisión final sobre el arreglo escolar de Educación, que se hace con criterios técnicos y que se dará a conocer este mes. Y el PP ha asegurado que la propuesta con la que trabaja Educación es que la ratio sea de 23 y ha alertado que la moción tenía solo fines políticos.

Rosaleda

En cuanto al aparcamiento de La Rosaleda, pendiente de reabrirse desde septiembre, Guanyar proponía en una moción dar por finalizar la concesión "por incumplimiento de las obligaciones contractuales y por no atender a las demandas de reapertura", además de desestimar una nueva licitación de la gestión para reabrir en el menor tiempo posible las instalaciones bajo gestión municipal.

En este tema, Vox ha defendido a la adjudicataria Ortiz-Auplasa, señalando que las informaciones que tenían desde el Ayuntamiento eran "sesgadas" y que los informes de la UA y UPV encargados por esta UTE demuestran que hay que acometer obras urgentes. Así, ha señalado la existencia de problemas de seguridad por corrosión, humedades y riesgo de incendios.

En cambio, desde el ejecutivo han respondido que esos informes son "de parte", encargados por la empresa, y que los numerosos informes de los técnicos municipales reiteran que las instalaciones se puede abrir, y que las deficiencias no son de urgente reparación. Y de cualquier forma estos problemas se achaca a la concesionaria del servicio, por falta de mantenimiento y defectos en la construcción.

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Eso sí, el PSOE ha advertido de que para asumir la gestión, en lo que un principio podría estar de acuerdo, primero hay que evaluar el coste de las reparaciones a realizar, para lo que exigió a la empresa la redacción de un proyecto que no ha presentado. Y decidirlo en función de la inversión que requeriría hacerse cargo de su gestión. Y Compromís ha mostrado su perplejidad por que Vox se alinee de parte de la empresa que "ha causado mucho daño a esta ciudad", en referencia a las disputas con Ortiz, y atienda sus informes "de parte" que los realizados por los propios técnicos municipales.

Del mismo modo, el alcalde Toni Francés ha señalado que hay que dar todos los pasos y respetar los plazos, para armar una rescisión con todas las garantías, ya que el ejecutivo municipal es consciente de que este tema acabará judicializado.

Ortiz y Auplasa quieren rescindir el contrato del parquing de la Rosaleda de Alcoy

Ahora mismo el Ayuntamiento está estudiando el recurso de reposición presentado por la mercantil contra la exigencia del pleno de que reabra la instalación o se iniciará la resolución de la concesión por incumplimiento, una medida aprobada el 29 de enero con los votos de PSOE, Compromís y Guanyar, y la abstención de PP y Vox.

Y Guanyar ha insistido en que estos problemas son los que provoca la externalización de los servicios, donde las empresas solo velan por sus intereses, pidiendo que se lleve ya el tema ante los tribunales por los supuestos incumplimientos.

Y el PP ha señalado que "no nos cerramos tanto a la gestión pública como a la privada", reclamando que se abra la instalación con todas las condiciones de seguridad.

Prioridad nacional

Del mismo modo el pleno ha rechazado la moción de Vox sobre la "prioridad nacional", que busca dar preferencia a los españoles frente a los inmigrantes, así como controlar la inmigración en la localidad.

La propuesta solo ha contado con el voto a favor de la formación de ultraderecha y voto en contra de PSOE, PP, Compromís y Guanyar, calificando los partidos de izquierdas la medida de "xenófoba" y "anticonstitucional". Y el PP ha advertido que su contenido difiere de lo acordado entre populares y ultra a nivel autonómico en Extremadura o Aragón.

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