El Ayuntamiento de Alcoy inicia la rescisión del contrato del parking de La Rosaleda con el apoyo de todos los grupos salvo Vox

El Consistorio alcoyano ha comenzado este viernes el procedimiento administrativo para extinguir la concesión del aparcamiento de La Rosaleda. El pleno municipal ha aprobado la incoación del expediente para la rescisión del contrato de concesión de la instalación a la UTE Ortiz-Auplasa por su negativa a reabrir el servicio pese a contar con autorización municipal desde el pasado mes de septiembre. La propuesta ha salido adelante con el respaldo de PSOE, Compromís, PP y Guanyar, mientras que Vox ha optado por la abstención.

Con esta decisión, el Consistorio abre una nueva etapa al activar el procedimiento para poner fin a la relación contractual con la concesionaria, a la que acusa de incumplir sus obligaciones al mantener cerrado el aparcamiento.

El gobierno municipal sostiene que las deficiencias alegadas por la empresa, relacionadas principalmente con humedades y trabajos de mantenimiento, no impiden la apertura de la infraestructura y deben ser asumidas por la propia concesionaria. Por su parte, la UTE mantiene que existen problemas técnicos y de seguridad que requieren actuaciones previas por parte del Ayuntamiento.

Nueva licitación

La concejala de Urbanismo, Lorena Zamorano, ya había avanzado la intención del ejecutivo de preparar una nueva licitación que permita reabrir el parking una vez finalice el procedimiento de rescisión. Sin embargo, los plazos administrativos hacen prever que la solución no será inmediata, ya que la empresa podrá presentar alegaciones y el expediente deberá ser sometido al dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunidad Valenciana.

No obstante, la posibilidad de sacar nuevamente la explotación a concurso no cuenta con el apoyo de todos los grupos. El portavoz de Guanyar, Sergi Rodríguez Castelló, ha señalado a INFORMACIÓN que su formación votará en contra si el aparcamiento vuelve a licitarse mediante una nueva concesión. A su juicio, repetir el mismo modelo supondría reincidir en los errores del pasado. Como alternativa, Guanyar defenderá que sea el propio Ayuntamiento quien asuma directamente la gestión de la instalación.

Largo proceso

La situación del parking de La Rosaleda se arrastra desde la ejecución de las obras de reforma de la plaza, realizadas para dar cumplimiento a las sentencias judiciales que obligaban a restituir la zona verde original. Los trabajos, que se prolongaron durante más de año y medio y supusieron una inversión cercana a los 4,4 millones de euros, concluyeron el pasado año y permitieron que el aparcamiento dispusiera nuevamente de licencia de apertura desde septiembre.

Sin embargo, la concesionaria ha rechazado reabrir las instalaciones alegando la existencia de problemas de seguridad, humedades y otras deficiencias. El Ayuntamiento siempre ha defendido que ninguno de estos aspectos impide la puesta en funcionamiento del aparcamiento y que corresponde a la empresa acometer las actuaciones de mantenimiento necesarias. La falta de acuerdo entre ambas partes ha desembocado finalmente en el inicio del proceso para rescindir la concesión.

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