Un juez condena a Alcoy a abonar 8.000 euros al Ayuntamiento por una obra
El PP carga contra la gestión del ejecutivo municipal, que consideraba que no tenía que abonar una factura por lo que una empresa lo llevó a los tribunales

Una mujer cruzando por la pasarela de Cervantes tras su apertura en 2024 / Juani Ruz
La Justicia obliga al Ayuntamiento de Alcoy a pagar casi 8.000 euros por intereses de demora y costes derivados del retraso en pagos de la obra de la pasarela peatonal del puente de Cervantes, según ha denunciado este miércoles el PP.
Los populares han cargado contra el ejecutivo municipal, que "está convirtiendo al Ayuntamiento de Alcoy en una institución que no asume sus compromisos de pago", mientras que desde el equipo de gobierno han aclarado que había una discrepancia con la empresa sobre unas facturas, por lo que la mercantil recurrió a los tribunales.
El PP, a través de un comunicado, ha manifestado que "estamos ante un nuevo varapalo para el Ayuntamiento de Alcoy por la mala gestión de este gobierno municipal. Ahora la Justicia obliga al Ayuntamiento de Alcoy a pagar casi 8.000 euros por intereses de demora y costes derivados del retraso en pagos. Estamos ante una nueva condena judicial contra el Ayuntamiento de Alcoy derivada de la gestión del gobierno socialista de Toni Francés".
Estamos ante un nuevo ejemplo de Ayuntamiento mal pagador, incapaz de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, y cuya dejadez acaba siendo corregida por los tribunales
Así, destacan que "esta es una resolución que evidencia, una vez más, la mala administración económica y la falta de diligencia en el cumplimiento de las obligaciones de pago con las empresas proveedoras".
El PP explica que "según consta en la documentación oficial aprobada por la Junta de Gobierno Local, el Tribunal de Instancia de Alicante, Sección de lo Contencioso-Administrativo nº4, mediante sentencia 165/2026 de 27 de marzo, ha estimado el recurso presentado por la mercantil que ha llevado a cabo la obra, contra la inactividad del Ayuntamiento de Alcoy ante una reclamación de pago".

Trabajos para instalar la pasarela bajo el puente de María Cristina. / INFORMACIÓN
Y señala que "la sentencia obliga al Consistorio alcoyano a abonar 7.987,10 euros, de los cuales 7.627,10 euros corresponden a intereses moratorios y 360 euros a gastos de cobro, derivados del pago tardío de certificaciones vinculadas a las obras de la pasarela peatonal de Cervantes".
Por su parte desde el equipo de gobierno han explicado que se trata de unas facturas en que había una discrepancia entre el Ayuntamiento y la empresa constructora, puesto que el Consistorio consideraba que no tenía que pagarlas y la empresa sí. Finalmente la mercantil lo llevó al contencioso-administrativo, dándole la razón los tribunales.
"Práctica inaceptable"
Desde el PP de Alcoy "denunciamos que este caso confirma una práctica inaceptable: el Ayuntamiento acaba pagando más dinero por no pagar a tiempo. Es decir, la mala gestión de Toni Francés no solo perjudica a las empresas que trabajan para la ciudad, sino que termina costando dinero adicional a todos los alcoyanos".
Amalia Payá, concejal del PP, ha apuntado que “estamos ante un nuevo ejemplo de Ayuntamiento mal pagador, incapaz de cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones, y cuya dejadez acaba siendo corregida por los tribunales”.
Payá ha añadido que “resulta especialmente grave que haya sido necesario acudir a la vía judicial para reclamar unos intereses derivados de pagos demorados por parte de la administración municipal, y que finalmente el Ayuntamiento haya tenido que reconocer la condena y aprobar el depósito de las cantidades fijadas judicialmente”.
"Por todo esto exigimos explicaciones al alcalde Toni Francés sobre los motivos que provocaron esta reclamación judicial y pedimos además, que haya transparencia sobre la gestión de pagos del Ayuntamiento y los posibles perjuicios económicos derivados de retrasos administrativos. Gobernar también es pagar correctamente y respetar los compromisos adquiridos con las empresas. Cuando una administración actúa tarde, incumple o ignora reclamaciones legítimas, acaba perjudicando la imagen institucional del Ayuntamiento y el bolsillo de los ciudadanos", ha señalado el PP.
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