Alcoy investiga 400.000 euros en adjudicaciones irregulares de la funcionaria expedientada a empresas de su marido durante 10 años

400.000 euros en adjudicaciones de contratos menores y facturas durante más de 10 años. El alcalde Toni Francés ha cuantificado en esa cantidad el dinero abonado de forma supuestamente irregular por el Ayuntamiento por parte de una funcionaria del área de Inspección General de Servicios (IGS). Una actuación por la que se le ha abierto a esta técnico un expediente disciplinario por hechos "muy graves".

El primer edil ha comparecido en rueda de prensa este jueves para trasladar la información de que dispone sobre este caso e insistir en que el Consistorio está actuando con "contundencia" y "responsabilidad". Una comparecencia que se anunció iba a ser de Francés y el edil del área afectada, Jordi Martínez, pero que finalmente "hemos decidido" que solo acudiera el alcalde, sin dar más explicaciones.

Así, Francés ha querido dejar claro que no hay vinculación entre el cese del jefe del servicio, que fue el que advirtió de las irregularidades, y este caso, ya que ha señalado que el relevo se ha motivado por una serie de denuncias de acoso laboral que, aunque se ha constatado que no existe tal situación, sí que han demostrado una situación de conflictividad en el área que ha llevado a que el cargo de jefe, que es de libre designación del alcalde, haya pasado a otro funcionario.

Los pagos detectados son de pequeña cuantía, por un importe anual de entre 20.000 y 25.000 euros en los últimos años. Pero tras el verano las adjudicaciones pasaron a ser más elevadas

Toni Francés

— Alcalde de Alcoy

El alcalde ha explicado que se ha abierto un expediente disciplinario a la funcionaria por adjudicar contratos menores y facturas a "personas afines" sin haberse apartado del proceso, tal y como marca la ley, en casos por ejemplo de familiares.

Y ha señalado que no se había hecho público al tratarse de un expediente de información reservada del que legalmente no se puede informar, teniendo que salir al paso debido a las filtraciones aparecidas en un medio de comunicación.

Francés, antes de la rueda de prensa, ha tenido una reunión con los portavoces para trasladar a todos los grupos la información de que dispone. Y ha señalado que ni él tiene todos los datos, ya que el proceso legal incluye el nombramiento de un instructor que es quien custodia la documentación y gestiona el proceso, por lo que es algo parecido a un "secreto de sumario".

Inicio

El alcalde ha explicado que fue el 13 de febrero cuando el responsable del IGS comunicó al concejal de Servicios las supuestas irregularidades, trasladándole "inmediatamente" esa información a él mismo, y actuando de forma "contundente" ante esto, ya que se abrió un expediente de información reservada para aclarar si los indicios tenían visos de ser reales.

La forma de actuar era la de pedir más de los tres presupuestos que exige la Ley. Y siempre se adjudicaba al más económico, por lo que llegaba a la Junta de Gobierno, se comprobaba que todo era correcto

Toni Francés

— Alcalde de Alcoy

Así, "se comienza a trabajar y el informe concluye que hay indicios de falta muy grave por otorgar facturas y algunos contratos menores a personas relacionadas directamente con ella, sin cumplir con la obligación legal de abstenerse" por esa vinculación. Y es el pasado 12 de mayo cuando se abre el expediente disciplinario a esta persona, que está de baja desde entonces, nombrándose un instructor que está ahora en una fase de responsabilidades administrativas que, en caso de derivarse responsabilidades penales, trasladaría la causa a los juzgados.

El primer edil ha señalado que "los pagos detectados son de pequeña cuantía, de 600, 800, 1.000 euros... por un importe anual de entre 20.000 y 25.000 euros en los últimos años". Pero ha señalado que "tras el verano y hasta enero las adjudicaciones pasaron a ser más elevadas". Así, una empresa habría recibido en poco tiempo hasta 180.000, apenas 15 días después de constituirse en noviembre.

El modus operandi era "el de pedir más de los tres presupuestos que exige la Ley, 4 o 5 normalmente. Y siempre se adjudicaba al más económico, por lo que llegaba a la Junta de Gobierno, se comprobaba que todo era correcto y era la oferta más ventajosa, como marca la ley", y se adjudicaba, ya que no se detectaba nada irregular.

Y ha señalado que lo que no podían saber era la relación de la funcionaria con las empresas, ya que "no hay un registro municipal de familiares, y para los contratos menores solo se aporta el presupuesto", no los datos de la composición de la empresa, etc...

Filtración

Por otra parte el alcalde ha anunciado que se va a investigar la filtración de documentos "sensibles" sobre esta investigación, algo que se ha hecho sin anonimizar los escritos.

Sobre el otro expediente que ha derivado en el cese del jefe del servicio, pese a no haber demostrado el acoso laboral, el alcalde ha señalado que se ha producido en paralelo al otro, pero que no tiene ninguna relación.

Así, ha señalado que el 5 de marzo recibieron varias denuncias de funcionarios por acoso laboral, y se abrió un expediente que concluyó el 21 de abril descartando los hechos pero constando que hay una "conflictividad en el departamento".

En abril se presenta otra denuncia, que también se concluye que no es constitutivo de acoso, pero para apaciguar el área se "analizan soluciones para reconducir la situación" y finalmente decide cambiar al jefe, que llevaba en el cargo unos 8 años, volviendo este a su cargo de funcionario.

Esto también ha llevado a una reestructuración del departamento. Y cuestionado si esto ha provocado un amago de dimisión por parte del concejal Jordi Martínez y si este estaba de acuerdo por el cambio en la jefatura, el primer edil no lo ha aclarado, limitándose a señalar que el cambio es potestad del alcalde y estuvieron analizando diferentes opciones.

Vox

Por su parte Vox ha emitido un comunicado antes de la rueda de prensa. Su portavoz David Abad ha manifestado la "máxima preocupación" de su formación "ante el escándalo de presuntas adjudicaciones irregulares por valor de 400.000 euros", "agravado por la fulminante destitución del jefe de servicio que descubrió y denunció los hechos".

Para Vox, "este grave episodio no es un hecho aislado, sino la confirmación judicial y administrativa de la forma de gestionar el dinero público por el gobierno local".

Este escándalo confirma punto por punto las sospechas que este grupo municipal ya mantenía desde la legislatura pasada sobre la alarmante falta de control, el oscurantismo y las arbitrariedades en los departamentos

David Abad

— Portavoz de Vox

"Este escándalo confirma punto por punto las sospechas que este grupo municipal ya mantenía desde la legislatura pasada sobre la alarmante falta de control, el oscurantismo y las arbitrariedades en los departamentos con los contratos más importantes del Consistorio", ha aseverado David Abad.

Ante la Junta de Portavoces convocada de urgencia para el viernes, "Vox Alcoy mantiene una postura de firmeza absoluta". El portavoz ha advertido de que "no aceptarán maniobras de distracción ni justificaciones políticas por parte del gobierno local de PSOE y Compromís".

"Mañana exigiremos que se ponga sobre la mesa toda la información oficial y los decretos de cese. Vamos a analizar minuciosamente cada documento y, a partir de ahí, estudiaremos junto a nuestros servicios jurídicos nacionales las medidas legales y políticas necesarias para depurar responsabilidades hasta el final", ha concluido Abad.

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