Guanyar reclama una restructuración del área de Inspección de Servicios tras las adjudicaciones irregulares en Alcoy

Guanyar reclama medidas en el departamento municipal donde se han detectado adjudicaciones irregulares realizadas supuestamente por una funcionaria que ha sido expedientada, y que suman 400.000 euros. Unas medidas que pasan por una "remodelación administrativa y política" del departamento de Inspección General de Servicios (IGS) "ante los indicios de irregularidades y los conflictos laborales detectados".

La plataforma ciudadana entiende que sería "adecuado y necesario un cambio estructural del funcionamiento del Ayuntamiento para hacer más efectiva la gestión de las diferentes competencias administrativas y más seguro el control de la fiscalidad de los recursos públicos para evitar posibles ilegalidades y/o irregularidades en la gestión del dinero de los ciudadanos", han explicado este miércoles en un comunicado.

Se tiene que ejecutar una remodelación en profundidad del departamento para evitar tanta concentración de competencias en una única área

Sergi Rodríguez

— Portavoz de Guanyar Alcoi

Su portavoz municipal, Sergi Rodríguez, ha explicado que "siempre con la presunción de inocencia por delante y la prudencia necesaria, los indicios detectados son, en principio y a falta de contar con las alegaciones que pueda presentar la persona señalada, de una extrema gravedad. Hay que estar a la espera de la resolución del expediente instructor que determinará las medidas a aplicar según la gravedad constatada, pero también se tiene que ejecutar una remodelación en profundidad del departamento de IGS para evitar tanta concentración de competencias en una única área que a nuestro entender puede dificultar el correcto funcionamiento de la gestión municipal".

Rodríguez han señalado que "si bien es cierto que con motivo de los hechos ocurridos ya se ha propuesto la separación de IGS y Medio Ambiente en dos áreas separadas, pensamos que se tendría que ir más lejos".

Conflictividad laboral

Además, "ante la evidencia de un conflicto laboral interno que puede perjudicar la gestión pública, se tiene que intervenir inmediatamente, antes de que estalle negativamente, de forma que se faciliten espacios amables para la buena convivencia entre los funcionarios y la correcta eficiencia de su trabajo".

Para la plataforma ciudadana el cese o sustitución del jefe de departamento de IGS "es adecuado pero no suficiente". Hay que recordar que el alcalde Toni Francés ha desvinculado el cese de este responsable, que fue el que alertó de las irregularidades, del propio caso de las adjudicaciones. El primer edil ha explicado que de forma paralela a la investigación se produjeron denuncias por acoso laboral de varios funcionarios contra el jefe, que aunque los expedientes concluyeron que no existía tal acoso, constataban una conflictividad laboral que llevó al primer edil a cesarle de la jefatura, negando cualquier relación de esta medida con las adjudicaciones.

Carlos Pastor valora la investigación sobre los contratos irregulares en el Ayuntamiento de Alcoy

Según Guanyar, "es el momento de plantearnos que departamentos como el de fiestas, mantenimiento de jardines, o movilidad dejen de gestionarse desde la macroárea de IGS para reubicarse o formar otros departamentos menos saturados y poder hacer una gestión más ágil y eficaz, y con más posibilidad de control".

"En cuanto a la necesaria asunción de responsabilidades políticas, Guanyar Alcoi entiende que el gobierno de Toni Francés y Àlex Cerradelo tendría que aprovechar esta crisis, que evidencia la clara insuficiencia de su gestión, para sustituir al regidor delegado de IGS que durante años ha gestionado este departamento y no ha sido capaz de avanzarse a los indicios de conflicto laboral y aplicar medidas correctoras". Un edil que es Jordi Martínez, portavoz del PSOE, y sobre el que Francés no ha aclarado si amagó con dimitir al decidir el alcalde el cese del responsable de IGS.

Correlación de hechos por aclarar

Además, para la plataforma advierten de que "hay una correlación de los hechos que queda para aclarar, y es si ha habido o no una relación directa entre las denuncias por acoso laboral contra el jefe de departamento y la apertura del expediente sancionador contra una funcionaria por adjudicaciones de contratos a un familiar directo denunciado por el propio jefe de departamento".

Y es que ha destacado que "a pesar de la información facilitada por el alcalde en rueda de prensa donde afirmaba que estos dos hechos no tenían relación directa y que simplemente eran una coincidencia en el tiempo, para Guanyar es una muy extraña coincidencia difícil de no originar dudas".

Para su portavoz "según resulta de la investigación, y así lo afirmó el propio alcalde, el pago de facturas y las contrataciones irregulares iban produciéndose desde hace diez años. Tiempo más que suficiente para hacer difícil pensar que el jefe de departamento no las detectara. Si se confirmara una relación directa entre los dos hechos, cabría la posibilidad que estas contrataciones fueron conocidas por el jefe de departamento cesado y no las ha denunciado hasta que el malestar entre él y los técnicos denunciantes de acoso laboral fuera insostenible".

Filtración

Finalmente, la plataforma califica de "muy grave el hecho de la filtración a un medio de comunicación del expediente de información reservada que se había iniciado por el propio gobierno al enterarse de los hechos supuestamente irregulares. La filtración ponía al descubierto datos personales de la investigada, lo cual vulnera el derecho de protección de datos y perjudica la investigación". Para la plataforma "es urgente que se investigue quién proporcionó a la prensa esta información reservada y que se le apliquen también todas las medidas disciplinarias adecuadas».

Para Guanyar es "importantísimo llegar hasta las últimas consecuencias porque hechos como los que se han producido sean cortados de raíz".

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