Bienestar Social
Alcoy reduce la lista de espera en dependencia de 12 a 7 meses tras la reorganización del servicio
La incorporación de dos nuevas valoradoras permite agilizar los trámites, una medida local que se suma a la inversión aprobada por el Gobierno de España

Una persona dependiente, en imagen de archivo / Pilar Cortés

El Ayuntamiento de Alcoy avanza en la mejora de la atención a las personas dependientes. La administración local ha reorganizado el servicio municipal para hacer más eficiente la tramitación de las valoraciones.
Esta reestructuración ha incluido la incorporación de dos profesionales valoradoras, lo cual ha permitido disminuir el tiempo de espera para estas gestiones de 12 a 7 meses. De esta manera, "el gobierno local contribuye con esta medida a las acciones impulsadas por el Ejecutivo central en esta materia", ha informado este lunes el Ayuntamiento.
"El Gobierno de España ha dado un nuevo paso con la aprobación de un real decreto-ley que supone la mayor inversión en dependencia desde la creación del sistema. La medida dota al sistema de 2.218 millones de euros adicionales para reducir las listas de espera, mejorar la atención y dignificar las condiciones de aquellas personas que prestan los cuidados", han destacado desde el equipo de gobierno.
La atención a la dependencia no es un gasto, sino una inversión en derechos, en dignidad y en calidad de vida para nuestra ciudadanía
"Ante una iniciativa centrada en proteger a las personas más vulnerables, resulta difícil de entender que formaciones como el Partido Popular hayan optado por la abstención y Vox por el voto en contra, desentendiéndose de una reforma vital para el bienestar de los usuarios y de sus familias", han lamentado desde el ejecutivo municipal.
La concejal de Políticas Inclusivas, Aroa Mira, ha explicado que "desde el Ayuntamiento continuamos trabajando para que este plazo siga disminuyendo y las personas puedan acceder a las prestaciones y servicios que necesitan en el menor tiempo posible. La atención a la dependencia no es un gasto, sino una inversión en derechos, en dignidad y en calidad de vida para nuestra ciudadanía".
Y ha añadido que "es fundamental que todas las administraciones trabajemos en la misma dirección, dotando de mayores recursos a los servicios públicos y situando a las personas en el centro de las políticas sociales".
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