La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, reconoció ayer en Alicante que antes de que acabe el año no se podrán materializar las transferencias de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas como marca la ley y culpó al anterior Gobierno central de esta situación, ya que «ni siquiera iniciaron el proceso» de traspaso.
Gallizo, que participó en el acto inaugural del V Congreso de Sanidad Penitenciaria en el MARQ, rechazó pronunciarse sobre la dispersión de presos terroristas islámicos y cualquier otro asunto que no fuera la asistencia médica en las cárceles. Sobre el proceso de transferencias aseguró que en breve se pondrán en marcha «comisiones técnicas para plantear los problemas que afectan a medios materiales, humanos y a la mejora de las condiciones de trabajo de los profesionales».
La máxima responsable de Prisiones aseguró que son «sensibles» a las reivindicaciones de los profesionales sanitarios y anunció que además pondrán en marcha acuerdos con las comunidades autónomas para que en las cárceles se ofrezca, además de la asistencia médica primaria, una atención especializada, lo que recortará al mínimo los traslados de presos.
La tardanza de Gallizo, que llegó con una hora de retraso al perder un avión en Madrid, provocó malestar entre algunas autoridades provinciales y el congreso se inauguró sin esperar a la directora de Instituciones Penitenciarias, aunque intervino al finalizar la conferencia del catedrático José Antonio Marina y se refirió al proceso de transferencias y a los esfuerzos de los médicos en ayudar, con las carencias actuales, a que «las personas que están privadas de libertad tengan una oportunidad».
El medio penitenciario es un buen lugar para que los reclusos reciban tratamientos contra el sida y el virus de la hepatitis C ya que se trata de terapias que requieren tiempo, son duras y tienen numerosos efectos secundarios que invalidan en gran medida al paciente, según consideran los expertos que participan desde ayer en el congreso que se prolongará hasta mañana, sábado, en Alicante.
Ayer se presentaron los protocolos de coordinación entre prisiones y hospitales de referencia con los que, en opinión de los médicos, se están reduciendo significativamente las salidas de presos infectados por sida y hepatitis a centros sanitarios.
En opinión de Miguel Bedia médico de Fontcalent y coordinador del programa de hepatitis C el contagio de esta enfermedad «es el que más problemas va a dar en los próximos quince años». Bedia destacó que el protocolo que se sigue, en colaboración con el jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital General de Alicante, Joaquín Portilla, está teniendo resultados satisfactorios que hoy expondrá en el congreso.
Además de agilizar sensiblemente el diagnóstico de las enfermedades infecciosas con estos protocolos se agilizan los tratamientos, lo que en el caso de la prisión de Fontcalent es prioritario ya que se trata de un centro preventivo en el que los reclusos no pasan mucho tiempo.
Por su parte, Pablo Saiz de la Hoya, médico de Fontcalent y presidente del comité del comité organizador del certamen, insistió precisamente en la necesidad de extremar el control y diagnóstico de estos pacientes en prisión por la alta prevalencia de estas patologías, la mortalidad que conllevan y las repercusiones sociales que tienen.
