La FACPYME elevó a principios de este año una petición a la Generalitat para modificar los periodos marcados tanto de las rebajas de invierno como las de verano, "proponiendo que el inicio sea el 15 de febrero y el 15 de julio, respectivamente; esto es, retrasarlas, al menos, en invierno 35 días y en verano 20 días", han recordado las mismas fuentes.
Esa solicitud es fruto de la iniciativa adoptada a finales de 2006 por la FACPYME tras consultar a sus 58 asociaciones sobre las fechas de las rebajas.
Según FACPYME, la norma por la que se delimitan las temporadas de rebajas en la Comunitat Valenciana ha quedado "obsoleta", ya que fue promulgada hace más de 9 años y, desde entonces, "la realidad comercial en la Comunitat ha evolucionado".
A su juicio, retrasar el comienzo de las rebajas de invierno facilita al sector textil, calzado y complementos, que supone más del 60% de los establecimientos de la Comunitat, "disponer de una temporada invernal lo suficientemente amplia para desarrollar las ventas de productos sin tener que depender de factores exógenos, como pueda ser la climatología adversa".
Igualmente, el planteamiento de demorar el inicio de las de verano está motivado por "el hecho de que los municipios turísticos de la Comunitat empiezan a recibir visitantes y clientes de forma masiva a primeros de julio".
La Federación Alicantina de Comercio entiende que "ambos periodos de rebajas deberían reducirse, dado que queda demostrado que el fuerte de las campañas de rebajas son los primeros 15 días, diluyéndose posteriormente y provocando en muchas de las ocasiones confusión entre los consumidores".
Por consiguiente, la FACPYME propone como máximo un mes de duración y mantener, como "está actualmente regulado, el mínimo de una semana".
"Consideramos vital, para el éxito de nuestra propuesta, que el sector industrial, proveedor de los comerciantes, ajuste y acompañe su producción a las campañas descritas para servir los productos en el tiempo adecuado", han señalado las citadas fuentes.
La Federación Alicantina de Comercio ha incidido en que la suya es "una propuesta abierta al diálogo y consenso entre todas las partes que participan en el Observatorio, Administración, grandes superficies, pequeño comercio, sindicatos y consumidores", con la finalidad de mejorar las condiciones en la distribución comercial.
