Absuelta una banda acusada de planear un crimen al anularse las escuchas telefónicas

La Policía estaba investigando desde hacía meses las actividades de un grupo de personas de origen magrebí y pudieron constatar por los pinchazos en sus teléfonos que se dirigían a Benidorm para secuestrar a un británico que había traído a la provincia un cargamento de droga. El objetivo era averiguar donde estaba el alijo para robárselo y luego matarlo. Los agentes les detuvieron en la gasolinera en la que habían quedado para subir a Benidorm y nunca averiguaron quién era su presunta víctima.

Las grabaciones han sido anuladas porque estaban en árabe en su mayoría y las traducciones de sus contenidos no eran literales. "Tendrían que estar transcritas en el idioma original y transcritas al castellano", dice el fallo. La traducción tampoco contó con la supervisión del secretario judicial y ninguno de los acusados reconocía haber mantenido esas conversaciones. Los abogados José Soler, Gonzalo Martín y Esther Sánchez habían pedido la nulidad de las escuchas por la falta de garantías judiciales.

En el banquillo se sentaron en su día cinco acusados, mientras que otros dos implicados estaban fugados y declarados en rebeldía. Todos ellos se enfrentaban a penas que sumaban 150 años de prisión. Cuatro han sido absueltos de todos los delitos y tan sólo uno ha sido condenado porque se le intervino un pasaporte falsificado. La Fiscalía les acusaba de asociación ilícita y consideraba que todos ellos formaban parte de una organización para cometer robos en coches y viviendas por toda la provincia.

La Audiencia no ha considerado probado que todos los acusados estuvieran compinchados para cometer estos robos y recalca que el hecho de que se encontraran objetos robados en sus casas no quiere decir que ellos sean los autores materiales de dichas sustracciones. El grupo estaba acusado de seis robos en coches, dos en viviendas de Alfaz y La Vila y otro en una joyería de Onil. La Audiencia señala que en todo caso el fiscal debería haber presentado acusación por delitos de receptación de mercancía robada y que el tribunal no puede condenar por hechos que no han sido objeto de acusación.