El Consell y el PP valenciano incumplen o han incumplido en algún momento al menos 14 de las 50 medidas propuestas por el presidente nacional de los populares, Mariano Rajoy, para luchar contra la corrupción. El decálogo sería, según explicó, la base para un gran pacto entre los partidos. Sin embargo, los dirigentes de la Comunidad no superarían el examen.

Así, Rajoy pide en su documento "hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos electos". Camps y el PP no sólo no han publicado su declaración tras las reiteradas peticiones de la oposición, sino que las Cortes impidieron en 2007 que los diputados del PSPV publicaran sus bienes en la web de la institución. Tuvieron que hacerlo en la web del partido. Recientemente, el PP sí difundió a través de una nota de prensa los bienes del presidente Camps, en pleno caso Gürtel.

Rajoy también pide "limitar" el número de asesores. En este punto, destaca por ejemplo el caso del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, que cuenta, según denuncia la oposición, con 41 asesores.

Otro asunto polémico es el de los regalos a cargos públicos, que el presidente del PP quiere prohibir siempre que exceda los usos y costumbres sociales. Los obsequios ha sido uno de los asuntos que más ha afectado al PP valenciano en relación con el caso Gürtel. A estas medidas sobre los cargos se une la exigencia de "separar lo público y lo privado", por ejemplo "racionalizando el uso de vehículos". Curiosamente, hace unos meses, algunos conductores de la Generalitat denunciaban el "uso abusivo" del coche oficial, que en ocasiones utilizaban para asuntos privados, como "ir a misa".

En cuanto a la gestión pública, el decálogo de Rajoy pide "evitar el fraccionamiento y la concentración de contratos mediante el abuso de contratos menores". Esto se ha convertido en una anomalía casi habitualmente reseñada por la Sindicatura de Comptes. También es una constante la adjudicación de contratos "a dedo". El Síndic de Comptes detectó anomalías en el 95 por ciento de contratos fiscalizados en 2007.

Asimismo, en política urbanística, Rajoy pide sustituir la "hiperregulación" por una "simplificación y clarificación normativa". En este sentido, todavía está pendiente que el Consell simplifique el intrincado paquete legislativo aprobado en los últimos años.