Hubo acuerdo ayer en las Cortes entre el PP y el PSPV para aprobar la nueva Ley de la Función Pública valenciana que, entre otras medidas, permitirá a 1.200 empleados de la Generalitat -actualmente en situación de personal laboral fijo- convertirse en funcionarios sin tener que enfrentarse a una oposición. Esa fue una de las enmiendas que, durante el trámite parlamentario, introdujeron los dos grandes partidos para acabar de perfilar una legislación que evita la exigencia del requisito lingüístico para acceder a la administración aunque incluye, de forma obligatoria, la asistencia a cursos para aprender valenciano una vez que se accede a la plaza laboral. Tanto Compromís -el grupo que comparten los parlamentarios del Bloc e Iniciativa- como los tres diputados de EU votaron en contra al entender que la nueva legislación "politizará" todavía más la administración autonómica al tiempo que se quejaron de que no supone avances en la normalización del valenciano.

Entre las novedades que aporta la nueva legislación, al margen de la cuestión lingüística, figura el incremento de los cargos de confianza y de libre designación, uno de los motivos que provocó las críticas de la oposición. A partir de ahora, los chóferes de los altos dirigentes de la Generalitat serán cargos de confianza. Y, al tiempo, se incrementará el número de funcionarios que podrán ser elegidos por el procedimiento de libre designación. Hasta ahora se designaba por esa vía a todos los funcionarios que ejercen como directores de área que, a partir de ahora, pasarán a tener rango de subdirectores generales. Con la nueva ley, también se nombrarán de forma directa a los que actúan como jefes de servicio, un escalón por debajo de los anteriores.

Una de las cuestiones que, sin embargo, puede generar más polémica será el proceso de "funcionarización" de 1.200 empleados públicos, hasta ahora laborales fijos, que accederán a ese puesto sometiéndose simplemente a pruebas o cursos selectivos. No a una oposición. Esa fue una de las propuestas que, en el último momento, pactaron populares y socialistas en las Cortes. El socialista Joan Ignasi Pla justificó su voto a favor de la norma por "interés general". Desde el PSPV la respaldaron toda vez que se trata de una ley acordada con los sindicatos. El diputado de Compromís Josep Maria Pañella reprochó a los socialistas su apoyo a la norma porque supone, dijo, "colaborar con la política regresiva" del Consell, argumento en el que también coincidió EU. Para el PP, la norma garantiza los puestos de trabajo.