La remisión a los órganos deportivos de información sobre la posible compra de partidos por parte del Hércules para que el equipo ascendiese a Primera División podría verse afectada por otros derechos. El juez titular del juzgado de Instrucción Número 7 de Alicante, José Luis de la Fuente, corroboró ayer a preguntas de este diario que aún estudia si remitir al Consejo Superior de Deportes y a la Federación Española de Fútbol- tal y como le ha solicitado la Fiscalía-, las pruebas por las que se deduce que el club blanquiazul pudo comprar el partido en casa ante el Córdoba y que intentó la compra de otros tres.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) el magistrado "se encuentra ponderando" si la obligación de informar a los órganos deportivos violaría el derecho a la intimidad tanto de los implicados en la causa como de otras personas ajenas que aparecen en las grabaciones. Según otras fuentes consultadas por este diario, la decisión de informar a los órganos deportivos sobre la supuesta compra de partidos por parte del Hércules supondría tener que remitir la transcripción de las grabaciones en las que aparecen estos indicios. Sin embargo, al tratarse de escuchas obtenidas mientras se investigaban otros delitos no conexos -los pinchazos se efectuaron durante la instrucción del caso Brugal, relacionado con irregularidades en la gestión de las basuras en la Vega Baja- la información aportada podría violar otros derechos y entre ellos, el de la intimidad de los implicados.

Las escuchas del caso Brugal han revelado que el presunto pago de primas o intento de compra de partidos por parte del máximo accionista del Hércules, Enrique Ortiz, se remonta a la temporada anterior y no sólo a la de este año en la que el club herculano ha logrado el ascenso. Según el informe remitido por el juez de Orihuela, Carlos San Martín, al juzgado de Instrucción número 7 de Alicante, existen indicios de pagos de Ortiz a otros equipos o jugadores durante la temporada 2008-09 y, a diferencia de este año, el jugador que presuntamente actuó como intermediario fue el ex herculano y actual director deportivo del Murcia, Sergio Fernández. Las intervenciones también revelan el pago de primas a los rivales del Hércules por equipos que le disputaban la plaza de ascenso.

Una de las primas que supuestamente se pagaron el pasado año fue al Nastic de Tarragona. Precisamente, este equipo también figura en las escuchas del caso Brugal como uno de los conjuntos que fue primado esta temporada por el Hércules para ganar un partido y la Policía cree que de las conversaciones se desprende que iban a pagar al menos 20.000 euros.

En una de las escuchas el máximo accionista del Hércules admite el pago de 100.000 euros al portero del Córdoba y también reconoce que intentó comprar el partido ante el Salamanca por 150.000 euros y lo rechazaron. Además de los 150.000 euros ofertados al Salamanca, el partido frente al Girona se intentó amañar supuestamente por 250.000 euros pero no se logró porque tenían una prima superior de otro rival del Hércules. El encuentro con el Huelva fue otro que aparece en las escuchas del caso Brugal y las cifras de compra oscilan entre 350.000 y 400.000 euros, aunque tampoco fructifica el presunto amaño porque el equipo iba a recibir la misma cantidad de los otros equipos que se disputaban el ascenso.

Durante el transcurso de las investigaciones la Policía detectó que el empresario Enrique Ortiz adoptó muchas precauciones ante la sospecha de que pudiera tener intervenido su teléfono y los investigadores creen que cuando hablaba de cifras concretas para comprar partidos trataba de enmascarar el asunto refiriéndose a primas por el ascenso. Aún así, en el informe recibido en el juzgado aparecen conversaciones y mensajes SMS con datos reveladores para la Policía sobre el presunto amaño de partidos. Los protagonistas de dichas conversaciones son principalmente Ortiz y Tote, aunque también se han registrado escuchas con otras personas que hablan con el máximo accionista.