El presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, aún tendrá que esperar más tiempo para ejercer su derecho a defenderse en el caso Brugal como reclamó tras su imputación. El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Alicante, Juan Carlos Cerón, dictó ayer un auto en el que rechaza asumir la competencia de la causa que afecta a Ripoll y al constructor Enrique Ortiz por la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según informaron fuentes judiciales. Cerón, con un informe favorable del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, acordó devolver la causa a Orihuela al no acepta la inhibición que le planteó el pasado mes el juez Carlos San Martín, instructor del caso Brugal, investigación que fue dividida en al menos 20 causas después de tres años de pesquisas y las repartió en diferentes juzgados de Alicante, Orihuela y Cieza (Murcia).
Entre los razonamientos jurídicos usados por el juez San Martín para remitir la causa que afecta a Ripoll a Alicante figuraba que la aprobación del plan zonal por el Consorcio de Residuos de la Vega Baja se realizó en la Diputación de Alicante, donde tiene su sede. Sin embargo, este argumento parece haber sido rebatido con otros que, en opinión del magistrado Juan Carlos Cerón, apuntan a que el juzgado que inició en 2007 el caso Brugal es el competente.
Fundamentos
Al estar el asunto bajo secreto de sumario no han trascendido detalles sobre los fundamentos jurídicos usados por el titular del juzgado de Instrucción número 6 y juez decano de Alicante para no asumir las competencias, aunque uno de ellos podría ser que es un delito conexo con otros que se investigan en las diligencias del caso Brugal.
Antes de que se dictara ayer el auto, en medios jurídicos de Alicante sorprendía que la inhibición planteada por el juez San Martín se haya planteado ahora y no mucho antes, ya que las diligencias se inician en 2007 por la contrata de basuras de Orihuela y la adjudicación del Plan Zonal a la unión de empresas Cespa-Ortiz se remonta a 2008.
El juez San Martín se encuentra de vacaciones este mes de agosto y cuando se incorpore a su puesto de trabajo tendrá dos opciones una vez estudie el auto del juez Cerón. El juez oriolano puede reconsiderar su decisión de inhibirse y seguir la investigación en su juzgado y si mantiene su postura de que no es competente tendrá que elevar el caso a la Audiencia Provincial para que resuelva el conflicto de competencias.
En esta causa Ripoll ha sido imputado por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude, revelación de información privilegiada y actividades prohibidas a autoridades. Junto al presidente de la Diputación están imputados, entre otras personas, el constructor Enrique Ortiz y los empresarios Ángel Fenoll y Rafael Gregory.
