Más de 700 ancianos atendidos en residencias de la provincia de Alicante pueden verse literalmente a partir del 1 de septiembre en la calle por los impagos del Consell. Como publicó este diario el pasado sábado, las familias de 1.800 ancianos en la Comunidad Valenciana han comenzado a recibir cartas de los centros en las que se les informa de que corren el riesgo de perder la plaza concertada de la que disfrutan. La Conselleria de Bienestar Social está barajando la posibilidad de que, por motivos presupuestarios, no se renueven a partir del 31 de agosto los contratos de concertación de plazas, en vigor desde el año 2008. Una medida que atañe únicamente a los centros con gestión concertada dentro del llamado Plan de Accesibilidad Social.

Esta situación, según cálculos de la Asociación Empresarial de Residencias de la Tercera Edad de la Comunidad Valenciana (Aerte), afectará en Alicante a un 40% del total de las plazas de la Comunidad, lo que supone más de 700 personas que residen en centros concertados gracias a estas ayudas, que subvencionan el 80 por ciento del coste de la plaza.

Reunión urgente

Ante esta situación Aerte se reunirá mañana en Valencia de manera urgente con sus asociados para tratar de afrontar el problema y ver qué medidas se toman. El próximo 2 de septiembre está previsto que se convoque una asamblea general. El presidente de la organización, Alberto Jiménez, ha mostrado su preocupación por los recortes, ya que la mayor parte de las personas que cuentan con estas subvenciones no pueden afrontar los gastos. "Para la Generalitat, ofrecer estas ayudas supone un coste de 2 millones de euros al mes y se trata de una cantidad que no es muy elevada para el Consell", apunta Jiménez. En la carta enviada a los familiares, los centros del Plan de Accesibilidad Social aseguraban que si las plazas no se renuevan, las residencias "se quedarán sin recursos económicos" para prestar los servicios "salvo que cobren el precio privado de la plaza" a los familiares, "un precio que no podrán abonar casi con total seguridad".

La Conselleria de Bienestar Social ha asegurado que "reubicará" a los usuarios que pueden verse en la calle por la decisión tomada por las residencias en las que se encuentran ingresados en la actualidad. Un portavoz del departamento que dirige Angélica Such señaló a este periódico que hay prevista una reunión con la patronal pese a que en anteriores contactos las empresas no aceptaran la propuesta de la Generalitat de mantener de forma "tácita" el actual convenio hasta que se produzca la firma de uno nuevo.

Para el sindicato CC OO, en palabras de su responsable de Comunicación, Salvador Roig, Bienestar Social, "con su consabida morosidad, ha generado una alarma social inadmisible, poniendo a los usuarios de las residencias concertadas y a sus familias en un callejón social sin salida".

Por un lado, añade, "es imposible que se pueda realizar una reubicación en plazas públicas porque no existen tantas plazas y, por el otro, las familias no pueden asumir los costes de las plazas que ocupan en la actualidad". Por lo tanto, "nos parece una irresponsabilidad que pone de manifiesto la falta de sensibilidad de la consellera de Bienestar Social hacia este colectivo".