El caso Brugal, en el que se encuentra imputado por cinco delitos graves el presidente de la Diputación, Joaquín Ripoll, entró ayer en escena en el arranque de la precampaña electoral para cerrar un pleno de la institución en el que el grupo socialista exigió al mandatario provincial que explique los detalles que le vinculan a esta causa o, en caso contrario, "dimita de una vez por todas".
La portavoz socialista, María Teresa Carbonell, utilizó su turno de palabra para pedir cuentas al dirigente popular poniendo sobre la mesa una batería de preguntas -cuestiones que Ripoll aplazó a la próxima sesión plenaria-sobre sus movimientos monetarios, exigiéndole que "demuestre a la ciudadanía que el origen de los gastos que, según un informe policial, son superiores a sus ingresos, no provienen de ninguna actividad prohibida". Carbonell hacía así referencia al documento conocido hace apenas unas semanas en el que los agentes advertían de este "elevado" volumen de gastos, "292.658 euros, cuyos pagos quedaban sin acreditar", documento que se incluye dentro de la investigación abierta por supuestas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja
En una extensa intervención, la representante socialista instó a Ripoll a mover ficha "dando explicaciones veraces, ya que en este asunto se ha visto salpicada la propia Diputación, escenario de un amplio despliegue policial dentro de la denominada operación Brugal".
Carbonell fue más allá y sacó a relucir, incluso los estatutos del Partido Popular advirtiendo al presidente de la corporación de que "dada la realidad en la que se mueve debería haberse marchado ya porque así lo dice el código ético de su formación, además de para dejar de manchar el buen nombre de los alicantinos".
Con la pelota en su tejado, Ripoll se limitó a posponer las repuestas a estas preguntas a una próxima sesión aunque, lejos de zanjar ahí el asunto, la causa Brugal saltó de nuevo al hemiciclo bajo la forma, en esta ocasión, de ruego al insistir el PSPV "en la dimisión de Ripoll al optar por la vía de dar la callada por respuesta". Un nuevo pase que el presidente de la institución solventó precisando que el tema investigado "no afecta para nada a la Diputación".
Minutos más tarde, y una vez finalizado el pleno, el presidente de la corporación remarcó que el informe policial elaborado sobre sus cuentas "es un tema que entra cada vez más dentro de lo estrictamente personal, por lo que la institución está al margen de este asunto". Tras calificar de búsqueda de "méritos" en sus propias filas la intervención de los socialistas, Ripoll explicó que ya ha mostrado su "disposición de responder ante el juez y, cuando lo haga, también expondré mis argumentos ante la opinión pública".
Cinco millones de euros para afianzar las contrataciones
La Diputación de Alicante aprobó ayer una modificación de créditos por valor de 5.333.229 euros destinados a gastos de personal. El pleno de la institución sacó adelante esta partida económica con los votos a favor de la bancada popular, al abstenerse en este punto los diputados del grupo socialista. La cuantía, que procede del remanente de Tesorería obtenido en la liquidación del presupuesto del ejercicio de 2010, se destinará a cubrir las necesidades de contratación de personal laboral de carácter temporal (3.058.229 euros), así como 2.275.000 euros para las cuotas de la Seguridad Social a cargo de la Diputación. La cámara provincial ya avaló a principios del pasado mes de marzo la incorporación de 3.000.000 de euros a su presupuesto para cubrir hasta agosto los salarios del personal eventual. N.I.
