El exdirector general adjunto de Bancaja José Cortina ha relatado al juez de las supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante que se reunió con la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, aunque ha aclarado que en encuentros "lícitos".

Durante casi dos horas, Cortina, en 2008 director general adjunto y director de sociedades participadas de Bancaja, ha prestado declaración ante el titular del juzgado de instrucción número 5, Manrique Tejada, en relación a su supuesta participación en irregularidades en el diseño del PGOU, y a la salida ha rechazado hacer manifestaciones a los periodistas.

Los investigadores creen que Cortina pudo recibir información privilegiada, así como de influenciar, diseñar y conseguir a través del principal imputado en esta pieza del Brugal, el constructor Enrique Ortiz, que se resolvieran a su medida aspectos relevantes de la redacción del PGOU, por ejemplo en el APA 9 (Vistahermosa) o en los saladares de Aguamarga.

Para la fiscalía, todo ello supondría un delito de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario y otro de tráfico de influencias.

Fuentes jurídicas han indicado que Cortina ha rechazado contestar a las acciones populares del PSPV-PSOE y EU-IU y únicamente ha respondido a las preguntas del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, y a su abogado, Carlos Bueren, aunque no sobre el contenido de las intervenciones telefónicas efectuadas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional.

Según las mismas fuentes, ha reconocido que, al menos, se reunió en una ocasión con la alcaldesa Castedo y su antecesor en el ayuntamiento alicantino, aunque no ha detallado el contenido de la conversación.

En todo caso, ha sostenido ante el juez que en esa ocasión realizó gestiones "normales" de las empresas y lícitas.

Además, ha relatado que también se entrevistó con los dos socios del bufete Salvetti, el exconcejal socialista Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa), de quien la investigación apunta a que pudieron presentar y resolver alegaciones al PGOU mediante dos sociedades aparentemente distintas.

De Salvetti ha comentado que les fueron presentados por terceros y que se trataba un gabinete más de tantos con los que tenía contacto por su actividad profesional.

También ha comentado que tuvo un encuentro con Castedo y Gutiérrez en Valencia, en relación con la situación de los saladares de Aguamarga.

Sobre este sector de Aguamarga, ha comentado que desde el avance del PGOU de José Luis Cantallops en 2002 se sabía que figuraban como urbanizables y ha agregado que las sociedades inmobiliarias del grupo Bancaja tenían intereses en el suelo de Alicante.

Las mismas fuentes han apuntado que la defensa de Cortina considera que no debería haber un delito de información privilegiada cuando el contenido de lo investigado no llega a resultados.

La declaración de Cortina ha coincidido en el mismo día en el que se ha conocido un auto del juez Tejada que valida las escuchas policiales que han permitido descubrir este caso, las cuales habían sido recurridas por los principales imputados.

Cortina debía haber prestado declaración el pasado 20 de julio, aunque su comparecencia se pospuso hasta el día de hoy.

Tras él, el próximo día 26 está previsto que sean interrogados los dos socios de Salvetti, Gutiérrez y Castedo, a la espera de que el juez se pronuncie sobre la situación de los implicados Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ya que si ve posibles delitos deberá elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por su aforamiento al ser diputados autonómicos.

Ya han pasado por el juzgado como imputados el constructor Enrique Ortiz; su esposa, María Manuela Carratalá "Maleles"; el arquitecto redactor del PGOU, Jesús Quesada; el director general de Inversiones Inmobiliarias de Caja Mediterráneo (CAM) en 2008, Daniel Gil; el empresario y amigo del exalcalde Díaz Alperi Bernardo Campos y el abogado Jorge Yacobi.