Esquerra Unida (EU) ha calificado hoy de "muy completo" el auto judicial que valida las escuchas telefónicas policiales practicadas en la investigación del caso Brugal en lo referido al planeamiento urbanístico de Alicante, y ha augurado "un corto recorrido" a un posible recurso de apelación al mismo.

En declaraciones a EFE, el letrado de EU, José Luis Romero, ha respaldado los fundamentos jurídicos expuestos por el juzgado de instrucción número 5 de Alicante a la hora de validar las escuchas policiales que destaparon supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

Según el auto con fecha del pasado 14 de octubre y difundido hoy, al que ha tenido EFE acceso, el juez Manrique Tejada desestima el recurso de reforma presentado por el considerado principal beneficiario de las presuntas irregularidades, el constructor Enrique Ortiz, al cual se adhirieron varios imputados más, entre ellos su esposa.

El juez considera que no es éste el momento judicial oportuno para plantear la nulidad de las intervenciones telefónicas realizadas por la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional con el argumento de los recurrentes de que se violan sus derechos fundamentales.

"El auto va más allá de lo que esperábamos, pues analiza el fondo de la cuestión", ha afirmado Romero.

Por su parte, el edil de la coalición de izquierdas en el consistorio alicantino Miguel Ángel Pavón ha destacado que el auto anteponga la defensa del interés general a los posibles perjuicios que las escuchas pudieran haber causado al conjunto de los implicados.

Preguntado por la posible interposición de un recurso de apelación al auto ante la Audiencia Provincial, Romero ha señalado que, dado el contenido y los fundamentos jurídicos expuesto, "no hay muchos visos de que prosperara".

El auto dictamina que "el momento procesal lógico e idóneo para declarar nulidades de diligencias de investigación acordadas por el juez instructor será cuando el hecho se está enjuiciando", lo cual podría ocurrir en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) por la condición de aforados de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico Luis Díaz Alperi.