La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, Elena Martín, se ha preguntado hoy por qué se ha pretendido invalidar las escuchas telefónicas policiales del caso Brugal relacionadas con el PGOU, "si, según la alcaldesa, Sonia Castedo, todo fue legal y transparente".
Martín ha enlazado en este interrogante el auto judicial conocido hoy por el que valida las escuchas policiales que descubrieron las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y la documentación que aportó Castedo la pasada semana a los periodistas donde subrayó "la transparencia" de este proceso de planificación urbanística.
La portavoz socialista ha insistido a EFE que "si como pretende decir la alcaldesa, no hay nada que ocultar y que todo fue legal y transparente, cuál es la razón -se ha preguntado- para que intenten por todos los medios invalidar las escuchas".
Según el auto con fecha del pasado 14 de octubre y difundido hoy, al que ha tenido EFE acceso, el juez Manrique Tejada desestima el recurso de reforma presentado por el considerado principal beneficiario de las presuntas irregularidades, el constructor Enrique Ortiz, al cual se adhirieron varios imputados más, entre ellos su esposa.
Además, Martín ha subrayado uno de los aspectos expuestos por el magistrado en el auto cuando señala que, si bien los hechos todavía no han sido calificados, éstos "revisten indicios de ser delictivos y han provocado una gran alarma social debido al quebranto que suponen en la confianza de la actuación de las administraciones".
"La responsabilidad cuanto menos política de la alcaldesa deberían obligarla a dimitir", ha señalado Martín, quien considera que la decisión judicial "acorralan" a Sonia Castedo.
A juicio de la portavoz socialista, "esto es una presunta trama de técnicos, políticos y empresarios para el beneficio particular, con cuantías muy considerables, de la mayoría de ellos, como lo demuestran las millonarias compraventas que Ortiz consumó en distintas notarias".
