El mayor «tijeretazo» de toda España y, pese a la severa limitación impuesta por el Gobierno, la segunda autonomía con un volumen más alto de endeudamiento. Ese es el resumen que se desprende del análisis del plan de reequilibrio financiero de la Generalitat correspondiente al periodo que va entre 2010 y 2013. Un informe publicado ayer en la web del Ministerio de Hacienda junto al del resto de comunidades con la excepción de Madrid y La Rioja, exentas de aprobar un programa de estas características; y Cataluña y Castilla-La Mancha, que aún no lo han ultimado. Con esas salvedades, el análisis del plan de reequilibrio financiero evidencia la delicada situación de las arcas de la Generalitat. Durante este año, el Consell tendrá que aplicar un recorte de 1.949 millones –el doble que Andalucía, la siguiente en el ránquing– para cumplir así con las exigencias del déficit sobre el PIB. Pero, por contra, mantendrá un volumen alto de endeudamiento. Alcanzará durante 2011 1.488 millones, menos de la mitad de los préstamos contraídos en 2010. Un dato que, sin embargo, sitúa a la Comunidad como la segunda autonomía con más deuda prevista sólo superada, precisamente, por Andalucía.
El recorte previsto por el Consell de Alberto Fabra –reflejado con detalle en el cuadro anexo– prevé, por ejemplo, una reducción de transferencias corrientes que llega a los 891,5 millones de euros y que afecta, entre otros departamentos, a Sanidad, Educación y Universidades. También se rebajarán en 371,2 millones los gastos de personal, una cantidad que incluye, entre otros recortes, tres millones de ahorro por la reducción de altos cargos y asesores; un total de 10,1 millones como consecuencia de la reordenación de consellerias; más de 60 millones por la racionalización de las plantillas de Sanidad y Educación; o alrededor de 52 millones por la decisión del Consell de controlar la cobertura de vacantes.
La Generalitat también contabiliza dentro de su plan de reequilibrio una reducción de 190,2 millones en la factura del gasto corriente, de los que, entre otros, 81 millones corresponden a un plan de austeridad; un total de 31,6 millones a un programa de potenciación de uso de medios electrónicos y de control de las comunicaciones telefónicas con especial atención a las 11.000 líneas de móvil que se han llegado a registrar en la administración valenciana; y un total de 12,8 millones por la eliminación de la atención al paciente en urgencias hospitalarias, gestión de cocinas y prestaciones endoprotésicas. Además, en caso de necesidad, la Generalitat se reserva la posibilidad de proponer un nuevo plan de recorte, en este caso de 1.400 millones, antes de que finalice el mes de octubre. Tampoco está descartado, como ya informó este periódico, que se aprueben nuevas tasas e impuestos. El problema, en todo caso, es que los datos revelan que lejos de ahorrar, al menos hasta finales del mes de agosto, el Consell llevaba gastados 100 millones más que en 2010.
El plan de reequlibrio limitará notablemente la deuda del Consell. Tendrá que reducirse a menos de la mitad en relación al ejercicio pasado. Pero, sin embargo, en los próximos tres años crecerá en otros 5.081,43 millones. De este modo, la deuda del Gobierno autonómico alcanzará, a 31 de diciembre de este año, los 18.913,03 millones –en el último trimestre hay que pagar más de 1.500 millones–, mientras que en la misma fecha del próximo año llegará a los 20.793,72 millones y en 2013 se incrementará hasta los 22.506.
Ingresos extras a través de operaciones inmobiliarias
La Generalitat prevé ingresar un total de 141,6 millones de euros a través de la venta por el procedimiento de subasta de una serie inmuebles de propiedad pública y otros 288,1 millones por la optimización de otros edificios propiedad de las sociedades dependientes de la administración autonómica, cuya transmisión se realizará también mediante subasta. Estas cifras también fueron publicadas ayer por el Ministerio de Economía en su página web, como parte del resumen del plan económico-financiero de la Comunidad. El proceso de centralización en el edificio administrativo 9 d'Octubre en Valencia supondrá un ahorro de 12,6 millones de euros, mientras que la compra de bienes y servicios de forma centralizada reducirá los gastos en 30,9 millones. El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tendrá que afrontar su primer gran debate económico durante la sesión de control parlamentario a celebrar mañana en las Cortes Valencianas. P. r. f.
