La provincia de Alicante mantiene el 7,5% de su territorio con un gran riesgo de sufrir inundaciones cuando se produce una tromba de agua como la que causó la muerte de dos turistas ingleses en un mercadillo ambulante de Finestrat hace diez días. Un porcentaje que representa un total de 22 millones de metros cuadrados, que han sufrido del intenso proceso urbanizador que ha padecido la provincia en los últimos 25 años, con edificaciones e infraestructuras ocupando zonas inundables.
Ayuntamientos que miran hacia otro lado, multas que no surgen efecto, e indolencia de una Administración que sólo reacciona cuando se produce la catástrofe, explican que Alicante sea una de las zonas con mayor riesgo de España, debido a la propia peculiaridad del clima mediterráneo y las tropelías urbanísticas.
Tras la trágica riada de 1997 se aprobó un plan de infraestructuras de 102 millones de euros que, prácticamente, ha blindado a la ciudad de Alicante pero, incluso, ésta urbe tampoco se salva de sufrir puntuales inundaciones en su casco urbano. ¿El motivo Según un informe del Instituto de Geografía de la Universidad de Alicante sobre el riesgo de inundaciones se ha detectado que el 90% de las calles Alicante y del resto de los municipios de la provincia carecen de un diseño que favorezca la evacuación de las aguas en caso de una riada, ya que su trazado es convexo -el agua discurre hacia los extremos de la calle-, lo que termina favoreciendo las periódicas inundaciones en bajos comerciales, sótanos y garajes.
Jorge Olcina, catedrático de Geografía Regional y autor del estudio, advierte de que algunos puntos del municipio de Alicante como la avenida de Miriam Blasco o la salida sur por la Avenida de Elche ofrecen un claro ejemplo "del peligro que sigue teniendo de inundarse si se produjeran lluvias torrenciales".
El Plan Antirriadas es correcto pero no actuó sobre la trama urbana, por lo que el caudal de agua que no logre canalizarse por la red de colectores y entre en el casco urbano volverá a producir embolsamientos de aguas en caso de una una nueva gota fría -este fin de semana hay alerta en la Comunidad por este fenómeno- que descargue las temidas lluvias torrenciales.
Y es que el desarrollo urbanístico practicado en la provincia, a veces desordenado, ha provocado que muchas urbanizaciones hayan invadido ramblas u obstruido torrenteras naturales, lo que dispara la amenaza. La Generalitat aprobó en 2003 el plan para la prevención de las riadas -Patricova- que supuso un gran avance en la política de prevención del riesgo, pero no es menos cierto que antes de su entrada en vigor, y aún después, se habían y han llevado a cabo actuaciones urbanísticas sobre áreas de inundación. El riesgo se ha incrementado en los últimos años porque todavía se construyen urbanizaciones en áreas inundables.
Esto indica que, o bien las confederaciones hidrográficas del Júcar y Segura han continuado dando permiso y por tanto no se estima elevado el riesgo de inundación o, lo que es peor, que a veces se permite su construcción sin el informe correspondiente de la confederación pertinente. De hecho, la Generalitat aprobó en el periodo 2007-2010 un total de ocho planes urbanísticos en la provincia desoyendo los informes negativos y, por tanto, desfavorables de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en los que advertía del riesgo de inundabilidad. Fueron los Consistorios de Benimeli, Novelda, Calpe, Polop de la Marina, Villena y Monforte.
Uno de los mayores problemas que persiste en la provincia es la falta de estudios rigurosos de inundabilidad en los PGOU. Los urbanistas redactores de los planes se acogen a lo que indica la cartografía de riesgo de Patricova, pero no se llevan a cabo los estudios de inundabilidad que se contemplan en los artículos 16 y 17 del plan en vigor desde hace años. Todavía hay muchos ayuntamientos de la Comunidad que carecen de plan de prevención del riesgo de inundaciones con una cartografía detallada de espacios de riesgo.
Otro de los problemas radica en que la delimitación de las zonas inundables en España y, por ende, en la Comunidad Valenciana se realiza utilizando el método de los períodos de retorno -cálculo temporal en el que se podría volver a producir una precipitación intensa similar a la que ha provocado el desastre- que no resulta del todo fiable por el propio carácter irregular del clima mediterráneo. El Patricova sí obliga, en este sentido, a los ayuntamientos que tengan zonas de su municipio bajo riesgo máximo de inundación, a modificar sus planes de ordenación urbana -PGOU- para clasificar dicho suelo como no urbanizable de especial protección. Además, en el suelo urbanizable que cuente con programa de actuación integrada -PAI- pero esté en una zona de riesgo deberá realizarse un estudio previo antes de su urbanización, así como adecuar sus construcciones a la normativa.
El plan tenía un plazo de ejecución de obras -algunas formaban parte del PHN- de ocho años con un presupuesto aproximado de 800 millones de euros y su objetivo era reducir al máximo la posibilidad de inundaciones en la Comunidad, donde el 5,4% de su territorio, es decir, 1.256 kilómetros, presenta riesgo de inundación.
Alcoy y la Foia de Castalla, las menos vulnerables
El final de la avenida País Valencià, la más importante y de mayor tráfico de Cocentaina, es el escenario de las inundaciones en caso de lluvias intensas, que incluso en alguna ocasión han llegado a ocasionar daños en establecimientos comerciales e industriales. En este punto se concentran las aguas pluviales procedentes de la falda del monte de Sant Cristófol y de la propia calle, lo que unido a la falta de capacidad de los conductos de desagüe propician la inundación. La Foia de Castalla no presenta riesgo por inundaciones. En cuanto a Onil hace unos 15 años que se desvió un barranco. Alcoy también soporta bien las lluvias. Informa M. Vilaplana.
LAS COMARCAS
VEGA BAJA
Hecha la ley, hecha la trampa en una zona de gran riesgo
Prácticamente todos los municipios aledaños al río Segura tienen alto riesgo de inundación. Cualquier actuación urbanística está muy condicionada por ese riesgo físico, menor desde que en los años 90 se llevó a cabo el encauzamiento del río. Hecha la ley, hecha la trampa, porque en los últimos años, sobre todo con el «boom» inmobiliario, los ayuntamientos autorizaron cientos de viviendas en municipios como Formentera, Rojales o Almoradí, en suelo de riesgo. Incluso se construyó en terrenos ganados a antiguos meandros del río un centro comercial. La ribera del Segura y las ramblas-río que desembocan en Orihuela Costa y Pilar de la Horadada también son peligrosas. Estos cauces secos se convierten en virulentos torrentes que encuentran nuevos obstáculos como parques, jardines, aparcamientos o casas. Informa D. Pamies.
MARINA BAIXA
Finestrat, un mercadillo en un cauce urbanizado
En la Marina Baixa, existen siete zonas con riesgo de inundación, algunas urbanizadas. En el Patricova no figura el barranco de la Cala de Finestrat, donde hace diez días una riada acabó con la vida de dos turistas británicos. El Patricova sí destaca los problemas de la playa de Finestrat, por la acumulación de aguas y las dificultades de drenaje al mar. Se trata de un cauce urbanizado, donde la gente aparca y pasea de forma habitual que había sido asfaltado y ocupado sin ninguna autorización. En Benidorm, la avenida Derramador y toda la zona final de la playa de Levante en el Rincón de Loix (el barranco de Lliriet), son zonas inundables. La misma catalogación del barranco del Tosalet en l'Alfàs del Pí, que hoy es un conglomerado de urbanizaciones, calles y comercios. En Altea, el barranco Los Arcos también se encuentra urbanizado. Informa B. García.
BAIX VINALOPÓ
Viviendas pegadas al cauce del río Vinalopó
En Elche, las zonas que plantean más problemas son las que se encuentran en el cauce del Vinalopó a su paso por las partidas de Daimés y Derramador, con viviendas en los dos márgenes. También el tramo final del barranco de San Antón suele presentar problemas. En este caso porque algunas viviendas hacen de «muro de contención» del caudal que lleva la rambla, lo que provoca anegaciones incluso en la carretera de Santa Pola. En el caso de la partida del Llano de San José, casas situadas entre los barrancos de Los Arcos y Barbasena, la situación viene provocada por una de las tuberías de desagüe y drenaje que Fomento instaló en el tramo de la N-340 de Elche a Crevillent, cuando se desdobló el vial. Evitaron la acumulación de agua en la carretera, pero la «derivaron» a los residentes de la zona. Informa M. Pomares.
MEDIO Y ALTO VINALOPÓ
Las obras del AVE han desatado la polémica
La avenida del Mediterráneo, acceso principal a Elda, constituye uno de los puntos de concentración de aguas más peligrosos. En Monforte del Cid, las obras del AVE han sido, según el Ayuntamiento, en muchas ocasiones las causantes de que el curso de las aguas se haya modificado alterando las canalizaciones, y provocando con ello el estancamiento de las aguas. El barranco de Benito, la Serreta de Novelda y las estribaciones de la sierra del Cid de Petrer son otros puntos de riesgo. Tras la finalización de las obras, las líneas de desagüe funcionan correctamente. En Villena, la zona de El Grec constituye otro de los puntos conflictivos cuando se producen fuertes lluvias. Esta zona, ubicada cerca del Mercado de Abastos sin urbanizar, de dos centros escolares, La Encarnación y El Grec, y de dos institutos, suele retener agua. Informa N. Soler.
