Una juez cerró ayer la investigación por la presunta financiación irregular de la Fundación Hércules al no haber quedado probados los hechos, según el auto judicial al que ayer tuvo acceso este diario. Una decisión que estaba cantada desde que el pasado viernes la Fiscalía pidiera el archivo de las diligencias, que son una de las piezas separadas del llamado caso Brugal. En la investigación estaban imputados el exdiputado provincial del PP, Carlos Mazón, así como los empresarios Rafael Gregory (que en aquella época era vicepresidente de la Fundación Hércules) y Antonio Bonete, así como el expresidente de la fundación Ignacio Mangada, por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Las diligencias trataban de aclarar si determinadas empresas pudieron recibir contratos de obras menores de la Diputación de Alicante a cambio de aportar dinero a la fundación deportiva. Concretamente, se indagaban si los 14 contratos directos de obras menores por importe de 533.229 euros que recibió de la Diputación entre 2008 y 2009 la mercantil Arosa eran una contraprestación por haber aportado 39.000 euros a la Fundación Hércules.

La titular del juzgado de Instrucción número cuatro, Cristina Ferrández, concluye que la decisión de adjudicar obras a Arosa correspondió a los técnicos de la Diputación, sin que Carlos Mazón intentara influir en ellos a la hora de contratarlas. Esto, unido al hecho de que todos los imputados negaron las acusaciones, ha llevado a la juez a concluir que no existen pruebas de delito.

La magistrada recuerda que "los ingenieros de la Diputación que intervinieron en las adjudicaciones sostienen que no recibieron ningún tipo de recomendación ni influencia por parte de Carlos Mazón" para beneficiar a dicha empresa y sin que éste mostrara ningún interés en los trabajos que se le contrataban a la mercantil. El juzgado explica que aunque en un principio parecía que el volumen de contratos a Arosa de la Diputación fue superior en 2008 al del año anterior, "esto no era así". El auto explica que se trataba de trabajos realizados en el año 2007 por vía de emergencia como consecuencia de las riadas y que se finalizaron y contabilizaron en 2008. "En concreto, las obras efectuadas en la propia red de carreteras se encargaron a Arosa, ya que se tenía contratada la conservación de las mismas con anterioridad", recalca.

Por todo ello, la juez decreta el archivo de las diligencias en una decisión que no es firme y contra la que cabe recurso, aunque es poco probable que alguien recurra ya que la petición de archivo parte de la propia Fiscalía y el resto de las partes personadas en el proceso son las defensas de los imputados.

Las dudas sobre la legalidad de las escuchas telefónicas del caso Brugal han ralentizado esta investigación, aunque ésta ha sido una de las pocas ramas del sumario en la que no se han recurrido.

Ésta es la tercera de la veintena de piezas separadas que se han desgajado del caso Brugal que archivan los tribunales. La primera fue la supuesta compra de partidos por parte del Hércules y que se cerró porque en ese momento estos hechos no eran delito, aunque se incluyó en la reforma del Código Penal que entró en vigor meses después.

Asimismo, otro juzgado archivó otra rama que afectaba al exconseller de Economía Gerardo Camps por supuesto trato de favor al empresario Enrique Ortiz en otras contratas públicas.