Los inmigrantes en situación irregular -en la provincia hay más de 60.000- dejarán de recibir asistencia gratuita a partir de septiembre a excepción de los menores de edad y en los casos de urgencia o durante el embarazo. Esta es una de las polémicas medidas recogida en el decreto-ley aprobado por el Gobierno y que ayer se publicó en el Boletín Oficial del Estado. Pero no es la única. La normativa también establece que los ciudadanos, incluidos los jubilados, tendrán que comenzar a pagar más por los medicamentos y abonar parte de las prótesis, los productos dietéticos y el transporte sanitario no urgente a partir del 1 de julio. Uno de los aspectos más controvertidos se refiera a los mayores de 26 años que no han comenzado a cotizar, que deberán acreditar que no tienen ingresos para seguir disfrutando de la atención gratuita.

El decreto contempla que sólo los menores de 26 años tendrán la condición de beneficiarios de sus padres. Por lo tanto, los mayores de esa edad que no trabajen tendrán que acreditar que no tienen recursos o, de lo contrario, tendrían que pagar por la contraprestación, como recoge el decreto y han advertido desde CC OO. Por su parte, el Ministerio de Sanidad sostiene que todos los españoles están cubiertos por el sistema y que únicamente afectará a quienes tengan rentas altas sin haber cotizado, que debarán suscribir un seguro de autónomos. El resto, como puede ser el caso de muchos estudiantes, deberán certificar su falta de ingresos.

La Conselleria de Sanidad tiene de plazo hasta el 1 de julio para adaptarse al sistema de copago, lo que conllevará un gasto aproximado, según los cálculos de CC OO, de 38 millones de euros. Las tarjetas tendrán que adaptarse para reflejar el porcentaje de copago de las medicinas al que deben hacer frente cada uno de los usuarios del sistema de salud en función de su renta.

Frente a la cascada de recortes, el conseller de Sanidad, durante su comparecencia en las Cortes, aseguró ayer que al margen de la reducción de 400 millones de euros en el presupuesto sanitario de la Comunidad "se podrían ahorrar otros 500 millones más "sin recortar nada para la población", con una "mejora de la eficiencia".

En el caso de los inmigrantes que residan en España en situación irregular, tienen de plazo hasta el 31 de agosto para acreditar que tienen todos los papeles en regla o perderán su tarjeta sanitaria. Según datos de la Conselleria de Bienestar Social, en la provincia de Alicante hay 61.777 extranjeros de fuera de la Unión Europea sin regularizar su situación, 128.000 en el Conjunto de la Comunidad Valenciana. El decreto hace varias excepciones: sólo podrán ser atendidos en urgencias por accidentes o enfermedades graves, durante todo proceso de embarazo, parto y postparto y los menores de edad recibirán la misma asistencia que cualquier otro niño. La medida ha sido una de las más criticadas por que, como apunta el responsable de Comunicación de CC OO y experto en asuntos sanitarios, Salvador Roig, "deja en situación de indefensión a un colectivo muy importante". En el caso de los ciudadanos extranjeros en situación irregular procedentes de países comunitarios, no quedarían afectados por que, como recuerda Roig, la Unión Europea ya contempla una compensación por su asistencia.

Los usuarios que tengan un nivel de renta superior a los 18.000 euros pagarán la mitad de los medicamentos, mientras que los que estén por debajo de este límite seguirán abonando un 40%. En el caso de quienes tengan rentas de más de 100.000 euros anuales, pagarán el 60%. En el caso de los pensionistas, quienes tengan rentas de menos de 18.000 euros pagarán un 10% de los medicamentos, pero con un tope mensual de 8 euros. Para quienes superen esa renta el máximo que pagarán al mes es de 60 euros mensuales. Cuando se superen estos topes, el decreto establece que los importes que lo excedan "serán objeto de reintegro por la comunidad autónoma correspondiente, con una periodicidad máxima semestral". Desde el Ministerio de Sanidad no aclararon a qué obedece este punto ni si supone que, como sostienen desde CC OO, los ciudadanos tendrán que adelantar la diferencia entre el tope fijado y el 10% del coste total del medicamento. Algo que desde la Conselleria de Sanidad descartaron en una nota remitida a este diario.