El anuncio de reanudación de las negociaciones -prácticamente inexistentes desde hace siete años- entre la Junta Central y el Gobierno no ha sido bien recibido por todos los agentes implicados en la gestación de una obra que ha costado 400 millones de euros y hoy es un ejemplo de mal uso de fondos públicos. El catedrático de Geografía Regional de la UA y miembro del Instituto Universitario de Geografía, Antonio Rico, advierte de que "antes de hacer uso del Júcar-Vinalopó es obligado llevar a cabo una auditoría técnica y económica del trasvase. Cuánto ha costado. Costes reales de explotación. Quién va a asumir su amortización. Hay que depurar responsabilidades, empezando por la CHJ y acabando en la Unión Europea. ¿Cómo se han enterrado 400 millones de euros en una obra sin garantizar calidad y precio del agua? Alguien tendrá que asumir responsabilidades por este disparate. Los usuarios deberían despejar todos estos interrogantes antes de hacer uso del trasvase. Y más aún, si no existe compromiso alguno para terminar el trasvase desde Cortes de Pallás". Rico exige que "se mantengan esas premisas porque Alicante no puede renunciar ahora a algo por lo que lleva luchando casi 500 años. Me parecería vergonzoso que ahora cedamos simplemente porque nos muestran un poco de cariño".
La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó ha remitido en los últimos tres años varias cartas a Medio Ambiente advirtiendo, en este sentido, de que el agua del Azud de la Marquesa que se pretende bombear a la provincia carece de calidad para riego y abastecimiento. Según los regantes, el caudal no se hubiera podido utilizar, por ejemplo, en 2010, ni un sólo mes para el consumo urbano y sólo en dos el agua hubiera servido para el lavado de hortalizas.
La reaparición de los restos de pesticidas ha devuelto el conflicto por la calidad del agua del trasvase a diciembre de 2007. La negociación será larga y complicada.
