Todos los funcionarios cuyo sueldo supere los 962 euros al mes -más de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional- se quedarán sin paga extra em Navidad. Lo recoge el Real Decreto 20/2012 de 13 de julio. El Consell ha impuesto a sus asesores la solidaridad con los empleados públicos al decidir una rebaja equivalente a la extra pero repartida en cinco meses, dado que estos cargos de confianza no reciben pagas suplementarias específicas sino que las extras se prorratean en las nóminas mensuales. Los altos cargos del Consell han decidido por ahora autoeximirse de la reducción general de sueldo en los funcionarios públicos y serán los únicos no mileuristas que este 2012 no perderán un céntimo respecto a la retribución de 2011.

El artículo 25 de la Ley de Presupuestos de la Generalitat de 2012 otorga la consideración de alto cargo al presidente Alberto Fabra, al vicepresidente, José Císcar, los consellers y los secretarios autonómicos y en todos los casos fija la remuneración bruta anual en doce mensualidades sin derecho a paga extra específica. De esta forma, Fabra no verá mermados sus 67.615 euros -a los que se suman 10.000 por el complemento de vivienda al tener su residencia en Castellón- ni los consellers sus 57.599 euros, más la parte correspondiente al citado plus. Tampoco los secretarios autonómicos verán reducido su sueldo anual de 57.586 más el suplemento cuando procede.

Rubio (PSPV): "Es fraude moral"

Aunque los altos cargos no están afectados técnicamente por el decreto de Mariano Rajoy por no tener reconocida la extra como tal, tampoco afectaría sobre el papel a los asesores, pero estos ya han visto aplicado el recorte de más de 300 euros a su nómina de septiembre. Es más, los concejales de Valencia han decidido aplicarse una rebaja del 7% en el sueldo aunque, como sus colegas del Consell, tampoco en su retribución anual figura el concepto de paga extra.

Para Rafael Rubio, portavoz adjunto del PSPV en las Cortes Valencianas, lo que hacen Fabra y sus consellers es un "fraude moral". "En vez de dar ejemplo a la sociedad y someterse a la misma rebaja que los funcionarios, miran hacia otro lado y silban, cuando deberían aplicarse el mismo criterio que utilizan para los demás", lamentó el parlamentario socialista.

Mientras, los altos cargos han optado por mantener sus sueldos, la deuda de Ferrocarriles de la Generalitat -empresa pendiente de un ERE- siguió desbocada el año pasado, a pesar de las políticas de ahorro y los planes estratégicos que la empresa dice que aplica desde 2010. A 31 de diciembre de 2011, la enseña superaba los mil millones de euros en la deuda contraída a corto y largo plazo. La empresa también acumuló pérdidas el año pasado por valor de 217 millones, 22 millones más que en 2010.