De forma independiente al procedimiento abierto contra la excúpula directiva de la CAM y como un presunto delito de estafa. Así es como el magistrado de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha decidido investigar la causa abierta en su juzgado por la comercialización de las denominadas cuotas participativas. Un producto financiero hoy sin valor alguno lanzado por la ya desparecida caja de ahorros que arroja un saldo de 55.000 perjudicados de los que medio millar están personados en el asunto a través de la denuncia presentada en octubre de 2011 por el abogado murciano Diego de Ramón.

En un auto hecho público a últimas horas de la mañana de ayer, el magistrado considera que es preciso "delimitar el objeto del procedimiento" al haberse ido "acumulando diversas pretensiones cuyo elemento común es estar relacionadas con la crisis de la CAM" pero abarcando "cuestiones tan diversas como el presunto cobro indebido de emolumentos por parte de directivos de la entidad o los presuntos perjuicios causados por la emisión de productos financieros y en particular de las denominadas cuotas participativas".

Tras hacer alusión al escrito presentado por el penalista Carlos Gómez-Jara, el letrado designado por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) para representar a la caja de ahorros, quien a su vez aportó una pericial elaborada por la consultora PwC, y al consiguiente informe del fiscal, entiende el juez que "mientras la investigación de los hechos relativos a la emisión y adquisición de las cuotas participativas puede resultar extremadamente compleja y derivar en una instrucción excesivamente prolongada en el tiempo, la claridad y contundencia con que los otros hechos (en alusión a las supuestas irregularidades imputadas a la excúpula de la caja) aparecen descritos tanto en el expediente sancionador del Banco de España como en el informe de PwC aportado por la CAM, permite presumir una instrucción menos compleja y poderse concluir en un lapso de tiempo mucho menor".

En parte para evitar que una de la investigaciones (la referente a las cuotas) pueda ralentizar la conclusión de la otra (la que afecta a la excúpula, denominada a partir de ahora pieza principal) y en parte para clarificar y delimitar el papel que juega la CAM según se trate de unos hechos u otros, Gómez Bermúdez ha decidido dividir el asunto en dos y llevar la instrucción por separado.

En cuanto al rol de la caja de ahorros, explica el magistrado que en la pieza principal, la que abarca los hechos "detectados y denunciados por el Banco de España y la CAM (...) la única acusación particular será la propia CAM", aunque deja abierta la posibilidad de que pueden producirse más personaciones, pero siempre como acusaciones populares.

En la pieza que investiga las cuotas participativas, por contra, la entidad de ahorro pasa de acusadora y perjudicada a responsable civil subsidiaria "y en la que, sin perjuicio de la personación de diferentes personas en concepto de acusación popular, estarán personadas como acusaciones particulares los titulares de dichas cuotas que lo han hecho hasta la fecha y los que lo puedan hacer en un futuro", recoge el auto.