Tres procedimientos penales, todos ellos en el juzgado que dirige el magistrado Javier Gómez Bermúdez, están abiertos en estos momentos en la Audiencia Nacional sobre supuestas irregularidades detectadas en la gestión de la que fuera la segunda entidad financiera de la Comunidad, la cuarta de España y hoy ya desaparecida.

Abrió el fuego judicial el letrado murciano Diego de Ramón, quien en octubre de 2011 se adelantó a todos presentando una denuncia contra los entonces gestores de la caja por la emisión de las cuotas participativas, a quinientos de cuyos perjudicados por este producto financiero representa el letrado.

Unos meses después, en abril de este año, fue la CAM la que también llevó hasta la Audiencia Nacional las presuntas conductas delictivas detectadas en algunos de los últimos gestores de la entidad, tales como la de "haber elaborado una información contable que no reflejaba la situación económica real de la entidad" o la de la haberse autoadjudicado, en base a esa contabilidad manipulada, emolumentos a los que no tenían derecho, lo que constituiría un delito de apropiación indebida. La caja considera que el daño patrimonial causado por sus exdirectivos supera los 25 millones de euros, cantidad que el juez ha fijado como fianza para cada uno de los cinco imputados en esta causa: los exdirectores generales Roberto López y María Dolores Amorós, el expresidente Modesto Crespo y los exdirectores Vicente Soriano y Teófilo Sogorb.

Queda por último, hasta el momento, la causa abierta contra el presidente de la Comisión de Control, Juan Ramón Avilés, a quien la CAM le atribuye haber presionado para conseguir préstamos por unos 17 millones de euros y 300.000 euros en dietas irregulares.