El procedimiento del supuesto fraude en los proyectos de la Generalitat en el Tercer Mundo tiene su origen en dos denuncias que, hace ahora dos años, presentaron, por un lado, la diputada socialista Clara Tirado y, por otro, la parlamentaria de Compromís Mireia Mollá. El epicentro de la investigación está en el desvío de fondos por importe de, al menos, 6 millones que, en principio, debían gastarse como subvenciones a ONG para desarrollar proyectos en el tercer mundo pero que, de acuerdo con las pesquisas, podrían haber ido a parar, entre otras actividades, a operaciones de carácter inmobiliario.
El procedimiento acumula, de momento, 19 detenciones -realizadas en dos fases- y, contando a Blasco, un total de 28 imputados. Además, Augusto César Tauroni, empresario amigo de Blasco y supuesto cabecilla de la trama, está en prisión desde marzo. De los informes periciales y de la Policía se desprende que siete ONG habrían recibido trato de favor de la conselleria de Solidaridad para conseguir proyectos. Todo ello con falsificación de documentos y ocultación de informes, ya que la mayoría no estaban cualificadas. Una vez recibidos los fondos, el dinero se transfería a empresas de Miami y Valencia desde donde se pagaba a los colaboradores y se intentaba "blanquear". A los países donde se destinaban oficialmente las subvenciones -Senegal, Nicaragua, Perú, Haití o Guinea- llegó una ínfima parte del dinero. El asunto, por tanto, afecta de forma directa a la Generalitat. De los 27 imputados, de hecho, seis fueron cargos en la administración valenciana, como el exdirector general de Cooperación de la Generalitat, Josep Maria Felip; o el exsubsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá, ambos relevados en su día de forma fulminante.
