Esquerra Unida (EU) ha presentado hoy una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante en la que pide la reapertura de los autos de diligencias previas sobre la tramitación del Plan Rabasa y la implantación de Ikea por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

En su denuncia, EU acusa de estos hechos a la actual alcaldesa, Sonia Castedo; su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi; el empresario Enrique Ortiz; el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Enrique Sanus, una responsable de la Gerencia Municipal de Urbanismo, y ex altos cargos de la administración autonómica y del Ministerio de Fomento en el anterior gobierno socialista.

Esquerra Unida, que ha informado del contenido de la denuncia en una rueda de prensa, pide que todos ellos declaren en calidad de imputados.

La coalición sostiene que los hechos denunciados tienen relación con la tramitación de los procedimientos para la aprobación del Plan Rabasa, el convenio de implantación de la multinacional Ikea y la modificación del vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y del PGOU en revisión.

Expone la posible "influencia" que habría ejercido el constructor Enrique Ortiz sobre algunos cargos de las administraciones municipal y autonómica y del anterior Gobierno central, y éstos sobre funcionarios públicos para que se emitieran informes y dictados de resoluciones favorables a los intereses y "particular beneficio" del adjudicatario del Plan Rabassa.

Esquerra Unida basa su denuncia, principalmente, en los informes y escuchas policiales sobre el denominado caso Brugal, que surgió por las presuntas anomalías en el proceso de adjudicación del concurso de basuras de Orihuela, cuyas pesquisas desvelaron nuevos y varios supuestos asuntos de corrupción en otros municipios de la provincia, entre ellos Alicante.

La formación política entiende, además, que los hechos desglosados en la denuncia que acaba de presentar sobre el Plan Rabassa tendrían conexión con el presunto amaño del PGOU de Alicante, una de las piezas separadas de la trama del Brugal.

El caso Brugal tuvo en 2008 un bloque separado que afectaba, precisamente, a la tramitación del Plan Rabassa, que, sin embargo, fue sobreseído de manera provisional.

Ahora, EU ha interpuesto esta denuncia al Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante por unos "nuevos hechos posteriores" a ese sobreseimiento para que sean investigados, ha explicado el abogado José Luis Romero, que representa a EU en la pieza del presunto amaño del PGOU al estar personada la coalición como acusación particular.

En rueda de prensa, junto al portavoz del grupo municipal de EU, Miguel Ángel Pavón, y el coordinador del colectivo local de Alicante de EU, José Antonio Fernández, el letrado Romero ha dicho que el momento de la presentación de esta denuncia ha sido una "pura casualidad" con la citación como imputados de Castedo y Díaz Alperi ante el TSJCV por las presuntas irregularidades en el PGOU.

A su vez, Pavón ha considerado que "hay indicios más que suficientes" para emprender "una acción penal" porque, según ha alegado, "los hechos denunciados son muy graves", y ha subrayado que "todo el urbanismo de la ciudad de Alicante está bajo sospecha".

El Plan Rabasa comporta la reclasificación de cuatro millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, con un aumento residencial de 13.500 nuevas viviendas, lo que "sin duda altera de manera sustancial las directrices definitorias de evolución urbana y de ocupación del territorio", según la denuncia de EU.

"Tal modificación, mediante un simple plan parcial, viene excluida por el artículo 54.2.B., en relación con el artículo 17.1 A, ambos de la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU)", añade.

Igualmente, aduce que el proyecto de implantación de Ikea "altera sustancialmente las condiciones de adjudicación del Programa de Actuación Integrada (PAI) del Plan Rabassa".

Antecedentes

El caso Brugal tuvo en el año 2008 una pieza separada que afectaba a la tramitación del Plan Rabasa. Los informes policiales apuntaban a la posibilidad de un delito de tráfico de influencias en las maniobras del empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal, en la tramitación del macroproyecto urbanístico. Sin embargo, esta pieza acabó archivada por un juez al no ver indicios de delito en aquella fase de la investigación.

En los informes del Grupo de Delincuencia Económica del Cuerpo Nacional de Policía que obran en el sumario, las conversaciones intervenidas a Gregory implicaban en esa fase de la investigación al diputado provincial Carlos Mazón; al ex conseller de Medio Ambiente Fernando Modrego, (con responsabilidad en esas fechas en Proaguas y el IVVSA), y apartaba expresamente en este caso al empresario oriolano Ángel Fenoll. En base al informe policial y a la solicitud de investigación que realizó la Fiscalía, la juez informó en el auto que remitió a Alicante de que Ortiz pidió a Gregory que contactara con Carlos Mazón para saber si iba a ir a la Comisión Territorial de Urbanismo que ratificaría el visto el bueno al Plan Rabasa, aprobado en un pleno municipal en 2006.

La investigación sobre las presuntas irregularidades en el Plan General de Alicante que ha tramitado otro juzgado dejó expresamente fuera de la instrucción todo lo referido al plan Rabasa, a pesar de que en el sumario aparecieron nuevos datos sobre esa investigación.