El pleno de las Cortes Valencianas dio ayer luz verde, con los únicos votos a favor del PP, a la ley que posibilita la apertura de establecimientos comerciales sin necesidad de contar con una licencia municipal previa. La normativa traslada así desde los consistorios a la Generalitat las competencias vinculadas a la recepción y autorización de las solicitudes para la puesta en marcha de nuevos comercios.
La denominada Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Comercial y la Eliminación de Cargas Administrativas incorpora así la supresión del requisito de la obtención previa de las licencias, a excepción de aquellos casos en los que por razones de interés general sea necesaria su tramitación. Un nuevo procedimiento general que no repercutirá en las tasas que recaudan los consistorios y que ciñe su campo de acción a posibilitar a los empresarios que inicien la actividad de "forma automática" con una comunicación previa o una declaración responsable que se presentará ante la Conselleria de Industria, explican desde el PP
El diputado popular, Vicente Betoret, fue ayer el encargado de defender esta norma con la que, según subrayó, la Generalitat pretende "aligerar" los trámites burocráticos facilitando la inmersión de los interesados en sus nuevos negocios de manera inmediata. Una intención que desde la oposición calificaron de "positiva" pero que a efectos prácticos genera "un vacío en los controles".
PSPV, EU y Compromís criticaron así el trasfondo de este paso dado por la Generalitat, al entender que supondrá una "merma" en las competencias de los ayuntamientos y una puerta abierta a la "desregulación", en la que las más "beneficiadas serán las grandes superficies, en detrimento de los pequeños comercios".
En este sentido, el diputado socialista Javier Macho advirtió de que por las características y supuestos que contempla la ley el resultado será el de la apuesta por esas grandes superficies, algo que "no va a hacer que la renta disponible de las familias aumente", sino que lo que hará será "redireccionar el consumo" de modo que se dirija en mayor medida a este tipo se establecimientos.
Estas críticas apuntan de manera directa al punto recogido en esta norma que reconoce también exentas de la obtención de autorización previa a aquellos establecimientos individuales que se integren en centros comerciales o parques comerciales que ya cuenten con autorización para el conjunto, aun en el caso de que tengan una superficie de venta superior a los 2.500 metros cuadrados.
La aplicación de este marco de actuación supone también la supresión del Registro de Actividades Comerciales. Un paso que llevará consigo la desaparición del trámite preceptivo de inscripción por parte del comerciante en el citado registro con la consiguiente reducción de las cargas administrativas.
Por otra parte, el Decreto-Ley modifica los criterios para autorizar la implantación, la ampliación y la modificación de establecimientos comerciales de impacto territorial, por lo que a partir de su entrada en vigor no será necesario contar con la autorización de reparcelación aprobada y bastará con verificar que el proyecto se ajuste a los instrumentos del planteamiento urbanístico correspondiente, al Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio (PATSECOVA) y a la Estrategia Territorial de la Comunidad.
El parlamentario de EU Lluis Torró centró su rechazo a la ley incidiendo en que, al eliminarse el requisito de la obtención previa de las licencias, se están recortando las competencias de los ayuntamientos y el diputado de Compromís Fran Ferri alertó, igualmente de que el "decreto concede barra libre a las grandes superficies comerciales" por la apuesta del PP de "pasar de la burbuja inmobiliaria a la de centros comerciales".
Luz verde a la eliminaciónde seis comisiones parlamentarias por su "escasa actividad"
El Pleno de las Cortes aprobó ayer la propuesta del grupo popular -el punto salió adelante con los únicos votos del PP- de suprimir seis comisiones parlamentarias con escasa actividad. La iniciativa, que ahora se tramitará en la comisión de reglamento, supondrá la eliminación de las comisiones de Desarrollo del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, Política Lingüística, Mujer y Políticas de Igualdad, Derechos Humanos, Tercer Mundo, Nuevas Tecnologías y Seguridad Nuclear. El viceportavoz del PP, Rafael Maluenda, defendió la medida y explicó que la supresión de estos ámbitos no significa que las materias que abordan vayan a desaparecer. El parlamentario popular advirtió de que este paso "reducirá los gastos de funcionamiento y las duplicidades, se agilizará la actividad parlamentaria y se elevará el rango de las materias".
Por otro lado, el PP rechazó las propuestas de modificación del Reglamento de las Cortes formuladas por Compromís y EU que pedían, entre otras cuestiones, potenciar la Comisión de Peticiones para dar más voz a la ciudadanía y acabar con el "veto político" por parte del grupo parlamentario del PP, "ante la posibilidad de bloquear las propuestas de la oposición en la Junta de Síndicos".
Este punto del debate contó con las argumentaciones del parlamentario socialista Ángel Luna quien apuntó que las cuatro grupos políticos que conforman las Cortes "deberían sentarse para llevar a cabo un acuerdo que haga a las Cortes atractivas". Luna argumentó que lo principal es que "la gente vea que su problema de hoy se debate pasado mañana y no dentro de tres meses cuando ya se ha podrido". La polémica en las Cortes surgió cuando tras la segunda intervención de los otros tres grupos, Luna pidió la palabra para replicar a Maluenda porque calificó de "gallardía" que Compromís y EU hubiesen presentado propuestas y, por tanto, sintió que había "descalificado" a su partido al excluirlo. El presidente de las Cortes, Juan Cotino, no le dio la palabra lo que el diputado tildó como "escándalo y falta de capacidad de respuesta política". e.P.
