Tiene claro que si se hubiera permitido tiempo atrás la dación en pago nos estaríamos ahorrando ahora muchos dramas familiares y económicos . También piensa que los recortes deben venir más por arriba que por abajo. Y sobre todo entiende que esta Comunidad no puede permitirse, sin que pase nada, tener un abanico amplio de políticos involucrados en presuntos casos de corrupción. Para ello cree que el Poder Judicial debería incrementar el control sobre el Ejecutivo.

No se puede negar que la conferencia, a priori, se presenta atractiva.

Desgraciadamente es un tema de actualidad. Ayer mismo (por anteayer) se ha imputado al alcalde de Sabadell y al número dos de los socialistas catalanes por un tema de corrupción. Y desgraciadamente está de vigente actualidad en la Comunidad Valenciana, donde hay unas 150 autoridades imputadas, con once diputados autonómicos implicados en temas de corrupción, que hasta podrían formar un grupo parlamentario propio. Es decir, la quinta parte del parlamento autonómico está relacionado con asuntos de corrupción y, claro, la sociedad está clamando justicia con los corruptos, justicia que lamentablemente llega tarde. Yo voy a hablar de eso partiendo de la realidad sociológica y analizando las medidas que deberían adoptarse para que se efectúe una respuesta más rápida y más eficaz contra los corruptos.

Y ante tanto escándalo es casi inevitable que la ciudadanía generalice y asocie político y corrupción.

No se puede identificar la idea de político igual a corrupto. Es una idea absolutamente equivocada, si bien es cierto que en este país sobran políticos. Tenemos una ratio de 103 políticos por cada cien mil habitantes y sólo un juez por cien mil habitantes. Es necesario incrementar el control judicial sobre el poder ejecutivo y la clase política. Es una asignatura pendiente de nuestra democracia, porque se ha recortado mucho en infraestructuras, pero el poder judicial está en una situación de penuria y no puede cumplir ni con la función que la Constitución le reclama.

¿Cómo se puede explicar que banqueros y políticos presuntamente corruptos llegan a los tribunales y luego, la mayoría de las veces, parecen salir impunes?

Es cierto que la Justicia es lenta en temas de corrupción o de delitos económicos. En otros funciona bastante bien, como son hurtos, donde hay juicios rápidos y en quince días el delincuente está condenado. Pero en temas de mayor complejidad es tardía. Por eso voy a analizar en la charla la situación de nuestra Justicia. Desgraciadamente no se está adoptando una respuesta rápida en los macroprocesos de corrupción política, en unos casos por los aforamientos: el concejal o alcalde implicado le pide al partido que lo haga diputado autonómico y obtiene un aforamiento que yo llamo chubasquero porque no está pensando para proteger a los corruptos, sino para garantizar la independencia y regular el funcionamiento de los parlamentos. Así, se amparan en el aforamiento y la instrucción se convierte en unas idas y venidas que van del juez de instrucción local al TSJ... Hay que abolir los aforamientos, porque tenemos más que en la época de Franco, lo cual parece increíble en una democracia y con una igualdad de los ciudadanos ante la ley, y, si no se pueden suprimir los aforamientos por el estatuto de autonomía, pues al menos cambiar la jurisprudencia para que sólo proteja los delitos que cometa con ocasión del cargo y durante el ejercicio de ese cargo y no por hechos anteriores a su desempeño en el parlamento autonómico.

¿La marca Comunidad Valenciana se ha convertido en la marca de la corrupción?

Desgraciadamente creo que la Comunidad Valenciana se lleva la palma áurea en materia de corrupción. La punta del iceberg fue Marbella y ahora están implicadas todas las comunidades del arco mediterráneo.Naturalmente también algunas comunidades del centro de España, pero la que más políticos corruptos tiene imputados es la Valenciana y ahí deberíamos ser conscientes de que algo está funcionando mal y hay que corregirlo.

¿Y cómo cree que está actuando Anticorrupción?

Mi opinión es que la Fiscalía Anticorrupción está actuando muy bien en estos temas y los jueces de instrucción son absolutamente imparciales e independientes. El problema es el proceso, que concurren aforados, acuden acusaciones populares, particulares , recurren resoluciones, etcétera y al final hay un retraso en la tramitación de estos procedimientos que debieran tener una resolución en un plazo razonable.

¿Qué opinión tiene sobre el tasazo judicial de Gallardón?

Soy partidario de las tasas judiciales. Cuando se derogaron fue un error porque la Constitución no dice que no haya que pagar ninguna tasa. La Justicia debe ser gratuita para quien no tenga recursos, pero el que pueda pagar una parte es hasta bueno que lo haga para prevenir abusos. Otra cuestión es la cuantía de las tasas. Aquí se ha hecho mal la ley porque se está castigando más a las clases bajas. Para un proceso de 6.001 euros, que supone un recurso de apelación, el Consejo del Poder Judicial ha calculado que el 60% de las tasas sería equivalente al 60% del valor del principal, con lo que si les sumas gastos de abogado y procurador tenemos que se va a cumplir la maldición de la gitana: pleitos tengas y los ganes. El actor, el demandante que haya ganado, no se va a llevar nada porque se lo va a llevar el Estado, el letrado y el procurador. Esto es lo que es anormal y posiblemente roza en la inconstitucionalidad, roza en el derecho de cautela judicial efectiva el libre acceso de los ciudadanos a los tribunales. Pero el establecimiento de una tasa no me parece inconstitucional.

¿Y sobre el dramático asunto de los desahucios?

Me parece que está muy mal legislado el tema de los desahucios. Para empezar debería haberse establecido la dación en pago hace años. Los bancos se han opuesto siempre, pero si se hubiera puesto en marcha quizá no habría habido burbuja inmobiliaria, porque las viviendas se hubieran tasado por su precio real y la hipoteca hubiera cubierto dos terceras partes del valor del inmueble. La dación en pago debería instaurarse en la legislación hipotecaria. Esto es lo que hay y no es dramático sino trágico lo que está ocurriendo con los lanzamientos diarios. Hay que acometer una profunda reforma y no se pueden establecer condiciones irracionales en la contratación de préstamos, porque junto a los intereses normales los bancos establecen unos intereses moratorios, incluso del 18%, es decir, intereses usurarios. La banca no puede establecer intereses de penalización por préstamos hipotecarios por esa cuantía. Eso es usura.

Para 2013 nos vaticinan un 27% de paro con 6 millones de desempleados. ¿A qué precipicio social nos estamos abocando?

Muchos ciudadanos están sufriendo una tragedia y espero que las medidas que está adoptando el Gobierno, muy duras y muy drásticas, sirvan para salir de este atolladero. También es cierto que la Unión Europea debiera apoyar otro tipo de política económica, porque nuestro país no puede aguantar mucho más estos recortes, recortes que, por cierto, deberían ser más por arriba y no siempre por abajo, que es lo que está ocurriendo.