Silla de ruedas, andador, pañales, medicación, vehículo adaptado, oxígeno... La casa de María Dolores López es como un pequeño hospital en el que el único paciente es su hijo Jorge, de 7 años, aquejado de una hidrocefalia congénita extrema. Las cuentas no le salen a esta familia, que se verá directamente afectada por la decisión de la Generalitat de eliminar la gratuidad de los medicamentos y productos de ortopedia para los discapacitados severos.

Sólo los tratamientos farmacológicos de Jorge ascienden a 1.132 euros mensuales, según las hojas informativas que entregan a María Dolores en el centro de salud cuando retira los tratamientos. "A esto hay que sumar los cerca de 150 euros mensuales que nos gastamos en pañales".

También la incalculable cuantía en productos ortopédicos. "Cada silla de ruedas cuesta 3.000 euros y las férulas, 600". Tanto ella como su marido trabajan, "por lo que ya nos han comunicado en la asociación donde llevamos a Jorge a terapia que tendremos que pagar el 50% de todos estos productos". Los ingresos que entran en casa cada mes "apenas superan los 2.000 euros, de los que hay que descontar la hipoteca, la luz, el agua...".

Ante este panorama, María Dolores ya ha comenzado a apretarse el cinturón todo lo que puede con tal de ahorrar. "Lo reciclo todo, hasta las jeringuillas que esterilizo y vuelvo a utilizar". En su casa, sostiene con humor pese a las circunstancias, "vivimos en un estado de austeridad más fuerte que en Alemania, sólo ponemos la secadora si es indispensable y la calefacción, sólo por las noches". Con todo, añade, "si nos siguen apretando es imposible subsistir".

López lamenta que las familias con niños discapacitados a su cargo no tengan el mismo trato que se da a otros colectivos. "A los pensionistas se les hacen descuentos en transporte público, para la electricidad... nosotros sólo tenemos el IVA super reducido para la adquisición de un vehículo, pero luego nos tenemos que gastar 11.000 euros en adaptarlo. No hay derecho".

Respecto a la eliminación de la financiación gratuita de los medicamentos para los discapacitados, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, señaló ayer que "nos hemos tenido que adaptar sí o sí a un real decreto de sostenibilidad del sistema sanitario elaborado por el Ministerio".

En este sentido, añadió el conseller ayer en Alicante, "el estatuto de la discapacidad de la Comunidad Valenciana se ha adaptado a esta norma que hace que todos tengan las mismas obligaciones y derechos". No obstante, el titular de Sanidad explicó que su departamento tendrá "sensibilidad con los colectivos más desfavorecidos" y en caso "de que detectemos" situaciones "difícilmente sostenibles, lo arreglaremos".

El sindicato UGT criticó que la Generalitat "haga recaer los efectos de la crisis en las personas más vulnerables" y anunció que denunciará ante el Síndic de Greuges los efectos del copago de los medicamentos sobre las personas con discapacidad. Por su parte, la diputada autonómica de EUPV en las Cortes Marina Albiol calificó "de ataque a los derechos de las personas con discapacidad", la decisión del Consell.