El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha asestado el tercer varapalo jurídico al polémico Plan Rabasa en apenas una semana. En esta nueva sentencia, a raíz del recurso planteado por el PSOE, la sala vuelve a anular el ambicioso proyecto urbanístico. Además de ratificar la falta de recursos hídricos, el tribunal introduce un nuevo motivo para invalidar el plan: la inexistencia de Autorización Ambiental Integrada. Con el incumplimiento de la Ley de Contratos al que la sala hizo referencia en su primera resolución, ya son tres las causas esgrimidas por los magistrados para tumbar el plan que servía de base para la llegada de Ikea.
El Ayuntamiento de Alicante -con los votos a favor del PP y del PSOE- adjudicó en 2005 el plan a la empresa Viviendas Sociales del Mediterráneo (Visomed), de Enrique Ortiz, y lo aprobó provisionalmente. Fue en mayo de 2009 cuando la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo aprobó definitivamente la homologación y el plan parcial. Pese a su voto a favor inicial, desde el PSOE cambiaron su postura y decidieron recurrir la aprobación definitiva del Consell.
En esta tercera sentencia, y a falta de pronunciarse sobre otros recursos planteados por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) y Esquera Unida, el TSJ incide en la nulidad del plan parcial con los votos particulares de dos magistrados. Cabe recurso de casación ante el Supremo y, al menos en los dos fallos anteriores, la adjudicataria del plan ya anunció su intención de hacerlo.
La mayoría del tribunal autonómico considera insuficiente la Declaración de Impacto Ambiental a la que fue sometido el plan y opina que debía haber obtenido una Autorización Ambiental Integrada. La sala explica que para el primero de los instrumentos "lo esencial" era la aprobación del PAI, mientras que el segundo -del que carece- tiene como objeto "afrontar con decisión los modos de integración del plan en el uso sostenible y racional de los recursos, la contaminación y la cohesión social". La sentencia subraya que la diferencia radica en que uno de los instrumentos está "al servicio del plan", mientras que en el otro es el plan el que está "al servicio de la realidad ambiental". Al respecto, el fallo sostiene: "No es lo mismo una cosa que la otra. No da lo mismo que las cosas se hagan de un modo o de otro". Es por ello que concluye que la Declaración de Impacto a la que se sometió el PAI es "insuficiente" y constata que el proyecto incurre en "una grave irregularidad invalidante".
El TSJ reproduce en su sentencia su argumentación anterior en cuanto a que el plan se aprobó sin disponer de un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que garantizase el suministro de agua. Los magistrados recuerdan que el Plan Rabasa obtuvo en 2006 un informe desfavorable por parte de la Confederación de carácter "vinculante". Pese a ello, el plan se aprobó definitivamente, lo que en opinión de los magistrados "constituye una ilegalidad" al hacerlo con el dictamen en contra de la CHJ.
El tribunal sostiene que ese informe no se puede sustituir por los de la empresa suministradora del agua ni por el dictamen positivo que la CHJ dio al nuevo Plan General en trámite. Aunque los magistrados admiten que el plan adjudicado a Ortiz tiene su reflejo en el futuro PGOU, advierten de que este último documento es "una hipótesis de trabajo", puesto que "está en trámite y ni siquiera hoy está aprobado definitivamente". El TSJ incide en que se deben valorar "los planes parciales que tenemos entre manos por sí mismos y no por estar integrados en un hipotético y futuro Plan General más o menos posible". Un PGOU que, tal y como ha venido informando este diario, lleva tres años en manos de la Generalitat sin aprobarse definitivamente y está siendo investigado por el TSJ por su presunto amaño.
PSOE: "Un fracaso de Castedo"
Tras conocer el fallo, el secretario general del PSPV-PSOE, Gabriel Echávarri, consideró que la sentencia "es un nuevo fracaso de la alcaldesa que se suma a su incapacidad para sacar adelante el PGOU". Al respecto, se pregunta si "el único motivo que tenía Sonia Castedo para impulsar este plan era beneficiar a Enrique Ortiz", por el hecho de aprobar un plan "sin estos dos informes tan elementales", algo que tachó de "chapuza". Echávarri recordó que su grupo está personado también en la causa penal por presunto tráfico de influencias y prevaricación en torno al Plan Rabasa reabierta por la Audiencia de Alicante a raíz de una denuncia de EU.
