Varias entidades sociales de asistencia a menores en situación desfavorecida han constituido la Plataforma del Sector de Menores de Alicante, un espacio de reivindicación conjunta en defensa de los derechos de este colectivo.

Esta iniciativa ha sido presentada hoy en rueda de prensa por delegados sindicales de los seis centros que la integran: Arcos (Emaus) de Altea, O'Belen, Fundación San José Obrero, Fundación Diagrama, Socialia y Nazaret.

Según han explicado sus portavoces, entre ellos Francisco Martínez, Anca Román e Iván Molina, la propuesta pretende ser un altavoz común a los graves perjuicios que la Generalitat está provocando en los servicios de estos centros al demorar sus pagos.

En este sentido, han criticado que la Conselleria de Bienestar Social demore sus aportaciones económicas "más allá de los seis meses" con argumentos que han calificado de "maquiavélicos".

Esta situación provoca "recortes" en las nóminas de los profesionales y "carencias" en la atención de menores, que van desde algo tan "simple" como recursos de ocio hasta la falta de otros más "graves", como alimentación, material escolar o asistencia médica, ha explicado Martínez.

También han destacado la importancia de "primar" los centros de prevención de menores, SEAFI's y Centros de Día, ya que en éstos se encuentran los profesionales detectores de las situaciones que viven los niños y adolescentes, y pueden impedir un empeoramiento de las mismas.

Estos menores provienen de familias "desestructuradas" en las que sufren malos tratos, abusos sexuales o no asisten a los centros escolares con regularidad, según palabras de Martínez, que asegura que si se descuidan estos centros las condiciones serán "más lamentables".

El colectivo está "triste y doblemente abandonado", ha afirmado Molina, "primero por sus familias y luego por Conselleria, responsable de la tutela de los menores".

Según la secretaria general de CC.OO en la comarca de L'Alcantí-Les Marines, Consuelo Navarro, "se están aplicando políticas con criterios económicos cuando se trata de un servicio público y una obligación de la administración".

Además, ha apuntado que la Fiscalía de Menores de la Comunitat mantiene que "el problema está en la falta de medios" y señala que "faltan centros adecuados para necesidades especiales".

Desde Arcos Altea, una de las entidades más afectadas por estos retrasos de la Generalitat, Anca Román ha expresado que las condiciones son "insostenibles" y la "comunidad extranjera" mantiene el centro con sus donaciones, mientras en otras entidades recurren al Banco de Alimentos.

Román ha añadido que la Conselleria de Bienestar Social adeudaba 2,5 millones de euros a Arcos Altea hasta esta mañana, en la que "casualmente" el centro ha recibido un ingreso de 408.395 euros coincidiendo con la presentación de esta iniciativa.