El Instituto Geológico y Minero de España certificó ayer que los trabajos de inyección de gas que se han llevado a cabo en el litoral de Vinaroz (Castellón) se han hecho sobre una falla activa de alto poder sísmico, hasta el punto de que podrían producirse terremotos de hasta siete grados en la escala Richter. Ayer, el ministro de Industria, José Manuel Soria, reclamó calma, pero admitió que, aunque científicamente no está aún contrastado, existe una posibilidad muy alta de que haya una relación causa-efecto entre la inyección de gas y los terremotos registrados, según los datos avanzados por el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero. De hecho, el Gobierno vetó desde ayer nuevas inyecciones de gas hasta que haya garantías «totales» de seguridad.

Por otro lado, ayer se supo que según la concesión otorgada a la mercantil hasta 2038, el Gobierno, que consideraba el depósito como un almacén estratégico de gas, tiene previsto pagar a la empresa 15 millones de euros al año. El depósito costará 3.700 millones de euros y se pagará a través de tasas de gas a los contribuyentes. Por su parte, la Generalitat tomará «medidas» si la declaración de impacto ambiental del almacén subterráneo de gas, aprobada por el anterior Ejecutivo central en 2009, contó «con todos los informes preceptivos». La empresa dejó de inyectar gas el 16 de septiembre, aunque mantiene una plantilla de 45 trabajadores en las plataforma.

El ministro Soria subrayó que la inyección de gas estará paralizada hasta que no haya garantía por parte de los técnicos de que no se van a producir movimientos sísmicos como los registrados. «Mientras no haya garantías totales para la seguridad de la población de que no se van a producir ese tipo de movimientos no se autorizará a inyectar más gas» Igualmente, recordó que la instalación tenía una autorización provisional para hacer pruebas y como resultado de las mismas el Gobierno dictó paralizarlas hasta que se supiera exactamente qué ha pasado.

En cuanto a si hubo una negligencia a la hora de conceder los permisos para la realización de los trabajos, Soria recordó que hubo una declaración de impacto ambiental en 2009, hecha por el Ministerio de Medio Ambiente donde no se consideraba el posible riesgo sísmico de estas prácticas.

Por otro lado, sobre si el Gobierno apoyará a la Diputación de Castellón en su denuncia a los exministros que autorizaron los estudios de impacto ambiental, Soria resaltó que la prioridad del Gobierno se encuentra en saber por qué se están produciendo estos movimientos sísmicos.

El presidente de Escal UGS, la empresa que gestiona el proyecto de almacenamiento de gas natural frente a las costas de Castellón, Recaredo del Potro, admitió que «efectivamente» este tipo de operaciones provocan «microseísmos», que son los que, «precisamente» se preveían, frente a los temblores actuales que son «mayores de los esperados». La empresa ha colocado dos sismógrafos ultrasensibles para detectar microseísmos «como se producen en otros tantos cientos de instalaciones de este tipo».

Los ecologistas pidieron la paralización de las tres centrales nucleares catalanas (Ascó I y II y Vandellòs II, las tres en Tarragona) ante el riesgo derivado de los sismos.