Lo contaba la propia víctima en este periódico, en la edición del domingo, en un artículo de opinión: «Somos peligrosas». La profesora de Derecho de la Universidad de Alicante Mar Esquembre, de visita la semana pasada en el Congreso Nacional de los Diputados, fue obligada por la Policía a desnudarse para comprobar que no portaba ningún mensaje, como el que tanto revuelo formó la semana anterior por una protesta del colectivo feminista a favor del aborto.
Ayer, en la Universidad de Alicante, la indignación era unánime. Representantes sindicales, académicos y expertos en Derecho coinciden en calificar de «vejatorio», «impresentable», «escandaloso», «inaceptable» y «absolutamente desproporcionado» el trato recibido por esta docente, conocida activista en favor de la igualdad de las mujeres. Además de subrayar el exceso de poder que recae sobre la actuación policial cuando se trata de medidas preventivas, amparado en la ausencia de una regulación «más adecuada y rigurosa», como precisa el catedrático de Derecho Procesal José María Asencio.
«Como delincuente»
El también experto en Derecho Administrativo Gabriel Real opina que la profesora ha sufrido una «discriminación preventiva absolutamente inaceptable» y que «no se puede permitir que se le trate como a un delincuente». Este suceso le recuerda la ley de vagos y maleantes de la época franquista «que te marcaba por meras sospechas o denuncias anónimas. O esto lo hemos superado o no vamos a ninguna parte», subrayó.
Desde las filas de Compromís y del PSOE han remitido al Congreso su protesta y reclaman información precisa sobre las razones de la actuación contra esta docente, y si existe relación con su trayectoria en defensa de la igualdad de las mujeres. «Es intolerable y el presidente del Congreso debe explicar cómo es posible que se practiquen estas violaciones de los derechos fundamentales, tratando a ciudadanos críticos como delincuentes, por lo que exigimos responsabilidades», precisa el diputado Joan Baldoví.
Carmen Montón, diputada socialista, alude a un control «desproporcionado» y «vejatorio», que no se practicó sobre otro varón que también accedió ese día al Congreso invitado por otro grupo político, como Esquembre por parte del PSOE. Piden explicaciones e instrucciones para que no se vuelva a repetir, alertando del daño de estas actuaciones en la imagen del Congreso «que debate asuntos de la ciudadanía».
Como profesor de Constitucional, exdiputado y amigo de la profesora, Manuel Alcaraz se siente «íntimamente vulnerado», al tiempo que exige responsabilidades al presidente del Congreso y al Ministerio de Interior.
Desde los sindicatos CC OO y FETE-UGT en la Universidad condenan los hechos y advierten de que «se han sacado las cosas de quicio», además de calificar de «demencial hasta el absurdo» un «control que llega al nivel del miedo, cuando la molestia por cualquier tipo de protesta es mínima frente a lo mal que lo pasan los ciudadanos».
La directora de la sede de la UA Ciudad de Alicante, Josefina Bueno, al igual que la delegada del rector para las Políticas de Igualdad, María José Rodríguez, alertan de que «se están criminalizando las protestas, vendiéndolas como peligrosas», y se preguntan si estas «excesivas y abusivas» medidas de control se adoptan exclusivamente con las mujeres.
