El presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, apeló ayer a que el Estado «tenga la valentía de imponer penas con arreglo a la dureza de los delitos cometidos», de forma que un condenado por asuntos muy graves no salga de prisión en un tiempo relativamente corto. Con esto, dijo, «no van a dejar de morir personas» por causas violentas, pero «al menos, quien mate a alguien no volverá a hacerlo», para mayor tranquilidad de los allegados a sus víctimas y de la sociedad en general.

Magro se refirió en estos términos a la decisión del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDHE) sobre la llamada «doctrina Parot», que ha permitido la salida inmediata de la cárcel de una etarra condenada por más de 20 asesinatos, durante su participación en un curso de defensa personal para mujeres contra la violencia de género. El presidente de la Audiencia ofreció una conferencia a las participantes en el curso, organizado por la Academia Krav Maga de Alicante y en la que se mostraron diversas técnicas defensivas que, según la organización, pueden «salvar la vida» de la mujer en situaciones de riesgo real.

Admitió que «subir las penas no hará que dejen de matar», pero se reafirmó en que sí contribuirá a evitar la reincidencia porque habrá menos posibilidades de que el condenado salga a la calle al poco tiempo. Asimismo, en el aspecto concreto de la violencia de género, instó a «quitar la atenuante de arrepentimiento inmediato», ya que eso supone una rebaja importante en la condena, cuando dar muerte a una mujer «no es un delito cualquiera». El jurista consideró «curioso» el hecho de que «la mitad de los asesinos se entregan», porque «saben que de esa forma la pena va a ser menor».

El presidente de la Audiencia de Alicante habló de la «soledad» de las víctimas, también en el caso de la «Doctrina Parot». En su opinión, casos como éste parten del «miedo del Estado a imponer el máximo de cumplimiento» a los condenados. Magro se refirió en este punto a la próxima introducción de la cadena perpetua revisable -de la que se mostró abiertamente partidario-, y recalcó que «inhumano es el que mata» a otra persona, más que mantener a alguien en la cárcel durante un largo periodo. Insistió en que «tenemos que hacer los deberes bien hechos», y que, en este sentido, «el Estado debe responder» e imponer penas adecuadas. También llamó la atención ante el silencio al que se enfrenta el problema de la violencia de género, ya que, si bien al año hay unas 132.000 denuncias, se calcula la existencia de 800.000 casos anuales.