La pesadilla para la profesora de la Universidad de Alicante comenzó hace tres años, cuando un familiar comenzó a remitir a su correo electrónico corporativo mensajes vejatorios acusándola de delitos y fotomontajes pornográficos de ella y sus dos hijas menores. Unos mensajes que también se remitieron a otros docentes del Campus. Además de denunciar a su presunto agresor, la víctima emprendió un proceso administrativo contra la Universidad al considerar que, tras sus reiteradas peticiones, no tomó medidas suficientes. Algo que ahora respalda el Tribunal Superior de Justicia.