Dependientes alertan del abandono masivo de servicios por el copago

Otra vuelta de tuerca. El colectivo de personas con discapacidad augura un abandono masivo de servicios como los centros de día o residencias si finalmente la Conselleria de Bienestar Social implanta una tasa por el uso de estos recursos. Esta tasa sustituiría al copago, que recientemente tumbó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, una decisión recurrida por el Consell ante el Tribunal Supremo.

Hasta ahora, los centros sociales son los encargados de recaudar el dinero que las familias deben abonar mensualmente. Responsables de estos servicios mostraron ayer su preocupación en caso de que las familias no puedan asumir el coste de las plazas una vez se transformen en tasas. «Nosotros conocemos a nuestros usuarios, a sus familias. Si están pasando por dificultades podemos llegar a un acuerdo, aplazar el pago, fraccionarlo... en el momento en que sea una tasa no podremos hacer nada. Hacienda iniciará los trámites para asegurarse de que las familias paguen», señalaba ayer el responsable de uno de estos centros en la provincia.

Decenas de usuarios y trabajadores de estos centros volvieron a concentrase ayer ante el edificio Prop para exigir que la Generalitat acate la sentencia del TSJ que anula el copago. Y es que, como publicó ayer INFORMACIÓN, la Conselleria de Bienestar Social ha enviado cartas a los directores de estos centros para exigir que las familias continúen pagando hasta que la sentencia sea firme o se resuelva el recurso de casación. Una situación que, temen, se prolongue entre dos y cinco años. «Todo forma parte de una maniobra para tratar de dilatar el proceso el máximo tiempo posible», denuncia Miguel Ángel Consuegra, presidente de la asociación de Espina Bífida e Hidrocefalia de Alicante. El problema, añade Consuegra, «es la cantidad de gente que tendrá que abandonar los centros y servicios porque no pueden pagarlos y que pasarán a estar los últimos de la lista si después quieren volver a hacer uso de los mismos».

Al mismo tiempo, también auguran un largo camino de trámites «para aquellas personas que quieran reclamar las cantidades cobradas de forma irregular una vez sea firme la sentencia».

Alfonso Rodríguez, responsable en Alicante del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, Cermi, recordó ayer que el copago afecta «a servicios públicos indispensables para cubrir las necesidades básicas de las personas». En este sentido, el Cermi pide a Bienestar Social que acate la sentencia del TSJ «y que restituya a las personas en sus plazas de atención que han tenido que abandonar por motivos económicos».