Una mujer marroquí casada con otra española residente en Torrevieja ha pedido asilo político por su condición sexual, para evitar que sea deportada a su país de origen. Sobre la joven, que estaba cumpliendo una pena de cárcel, pesaba una orden de expulsión, por lo que fue detenida este viernes por la mañana, nada más dejar la prisión de Fontcalent una vez finalizada la citada condena. Para pedir su puesta en libertad, su pareja argumentó que habían contraído matrimonio el pasado mes de octubre y que este mismo martes tenían cita en el Registro Civil para legalizar la situación en España de la chica marroquí. Al no lograrlo mediante esta vía, solicitaron el asilo político, alegando que la homosexualidad está considerada un delito en Marruecos, y que sólo por eso tanto ella como su familia podían ser objeto de represalias.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, las dos mujeres iniciaron una relación sentimental mientras cumplían sendas condenas en la cárcel de Algeciras (Cádiz). Tras ser puesta en libertad, la chica española pidió que su compañera fuera trasladada a Fontcalent, al ser ella vecina de Torrevieja. Entre tanto, iniciaron los trámites para contraer matrimonio. El enlace se celebró finalmente el 4 de octubre en el Ayuntamiento de Torrevieja, aprovechando un permiso penitenciario de la joven marroquí. La mujer está empadronada en este mismo municipio con su pareja y una hija de cuatro años, la cual tiene regularizada su situación en el país, según indicó ayer su abogada, Aurora Gámez.

El Registro Civil de Torrevieja les había dado cita este martes para expedirles el Libro de Familia. Asimismo, la mujer marroquí estaba también citada el miércoles en Alicante para hacerse la tarjeta de residencia, lo que definitivamente le permitiría regularizar su estancia en el país. Éste era, según la abogada, el principal argumento esgrimido por la pareja de la mujer para pedir que fuera puesta en libertad, tras ser detenida al salir de la cárcel. Sin embargo, según Gámez, la recopilación de la documentación necesaria hizo que la presentación de la petición se demorara más allá de las 14.00 horas, por lo que recayó en el Juzgado de Guardia. Éste la rechazó al considerar que no se daban circunstancias excepcionales para que no se hubiera acudido a lo largo de la mañana a un juzgado ordinario.

Ante esta negativa, se optó por la petición de asilo político alegando motivos de orientación sexual. Este recurso también se rechazó en una primera instancia, por lo que la abogada solicitó la mediación del Defensor del Pueblo. Gámez explicó que la intervención de un funcionario de esta institución hizo posible que la mujer fuera finalmente puesta en libertad en la madrugada de ayer. La joven está, así, citada mañana para comenzar a tramitar su petición de asilo. La abogada se felicitaba ayer por ello, aunque criticó que el Juzgado de Guardia no admitiera la petición que se le presentó y «pasara por alto derechos fundamentales por una cuestión formal». También lamentó la «dilación de la administración», por haberse demorado tanto el expediente de matrimonio de las dos mujeres, así como la cita para que les dieran el Libro de Familia.