Valor le quita a Ortiz la mayor contrata que gestionaba en solitario y la saca a concurso
El alcalde decide no conceder la prórroga de dos años del contrato, que caduca el 14 de junio, y sacarlo a concurso para «cubrir, actualizadas, las necesidades». El PSOE y EU exigen que se municipalice el servicio

Valor le quita a Ortiz la mayor contrata que gestionaba en solitario y la saca a concurso
sylvia escribano
Cuando apenas se cumple una semana desde que tomó posesión del cargo como alcalde, Miguel Valor comunicó ayer su decisión de no prorrogar la contrata de limpieza de colegios y dependencias municipales a Enrique Ortiz, que ha venido prestando el servicio desde hace más de 15 años. El primer edil opta por convocar un nuevo concurso «que cubra, actualizadas, las necesidades municipales en esta materia». Se trata de la mayor contrata que el empresario gestiona en solitario en la ciudad.
El equipo de gobierno no ofreció una justificación más allá de la oficial sobre su decisión, pero la medida es entendida tanto dentro de las filas populares como por los grupos de la oposición como un intento de marcar distancias con la gestión de la etapa anterior de cara a las elecciones y con el empresario, imputado junto a la exalcaldesa, Sonia Castedo, en las causas judiciales sobre el Plan General y el Plan Rabasa.
El contrato, el segundo más costoso del Ayuntamiento, se adjudicó hace dos años por 17,9 millones de euros 8,9 millones al año y con posibilidad de prorrogarlo dos años más a la mercantil Enrique Ortiz e Hijos. El empresario presentó en tiempo y forma su petición para que se le prorrogara el contrato, que oficialmente expira el próximo 14 de junio. Aunque, hasta el momento era práctica habitual conceder este tipo de ampliaciones, desde el equipo de gobierno local han optado en esta ocasión por «no acceder» a la petición. Así se refleja en un comunicado remitido por Alcaldía, en el que se apunta que en los próximos días «se iniciará un nuevo procedimiento de licitación»
De esta forma, la intención pasa por sacar un nuevo concurso para este contrato. El actual se adjudicó en diciembre de 2012, aunque los recursos presentados por el PSOE y una de las otras dos empresas que concurrían a la licitación, retrasó su entrada en vigor al 15 de junio de 2013. El procedimiento no estuvo exento de polémica, tanto por incumplirse la directriz del 20% en el coste de los contratos que el equipo de gobierno justificó amparándose en los sobrecostes de años anteriores, como por el hecho de que no se adjudicara a la empresa que realizó la oferta más económica, lo que fue recriminado por la propia Sindicatura de Cuentas en su fiscalización del Ayuntamiento de Alicante.
Según el concejal socialista Gabriel Moreno, quien presentó el recurso contra este procedimiento ante el Ayuntamiento, se trata de uno de los contratos más rentables para Ortiz y la mayor contrata que gestiona en solitario, ya que la de limpieza y recogida de residuos lo hace mediante una unión de empresas. Moreno califica de «electoralista» la medida de no prorrogar el polémico contrato. «Si Valor quiere que creamos que está dispuesto a que cambien los modos de contratación en este Ayuntamiento, lo que tiene que hacer es apartar a Andrés Llorens de Atención Urbana, porque su área tiene cinco asuntos judiciales pendientes y está a punto de ser juzgado por uno de ellos», afirmó Moreno.
Este último explicó que, de aquí a elecciones, además de este contrato está pendiente de renovarse el del mantenimiento del cementerio, que ha caducado y está en manos de una empresa de Ortiz. Moreno aboga por municipalizar ambos contratos. Algo que también reclama el portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, quien trasladará un ruego al pleno del miércoles «para que el equipo de gobierno no adopte ninguna decisión que dificulte el rescate de ambas contratas». En el caso de la limpieza de colegios y dependencias, Pavón considera que entre el 21% del IVA y el 6% que representa el beneficio empresarial del contrato, se podrían ahorrar al año 2,4 millones de euros. Pavón lamenta el anuncio del PP de volver a sacar a licitación el contrato para que entre en vigor uno nuevo «justo tras las elecciones». En su opinión, adjudicar «de nuevo a una empresa privada» el servicio es un intento «de impedir que un futuro gobierno de izquierdas pueda rescatar la contrata libremente, sin indemnizaciones».
Por su parte, el portavoz de UPyD, Fernando Llopis, considera «fundamental que no se hipoteque la ciudad de Alicante con la prórroga de ese contrato al mismo empresario y en las condiciones actuales». Al respecto, añade que «siempre hemos defendido que debe existir una mayor competencia y que para ello se oferte mediante lotes por zonas y por el total».
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