El nuevo equipo de gobierno del ayuntamiento de Alicante, formado por el tripartito del PSPV-PSOE, Guanyar Alacant y Compromís, ha arrancado el mandato con "máxima coordinación y colaboración" y sin ser "reinos de Taifas".

Así lo ha explicado el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), al término de la primera reunión tras la investidura del sábado con el alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y el segundo vicealcalde y portavoz, Natxo Bellido (Compromís).

En dicho encuentro han planteado el reparto de competencias para cada uno de los 15 concejales que suman los tres partidos y se han marcado como primeras prioridades la apertura de los "comedores escolares" a partir de julio, el dispositivo de las fiestas de Hogueras, desistir del contencioso por el interventor municipal y pedir un informe económico y legal para rescindir la contrata de limpieza de colegios, a favor del empresario Enrique Ortiz.

Según Pavón, en la reunión se ha puesto de manifiesto que hay "un único equipo de gobierno" y que "aquí no hay reinos de Taifas y va a haber máxima coordinación y colaboración para el programa común de gobierno".

La primera reunión de trabajo se ha desarrollado sin "ninguna tensión y con la máxima cordialidad y voluntad de entendimiento", en palabras de Pavón, a lo que han asentido tanto Echávarri como Bellido, aunque éste último ha añadido en tono de broma que "el único problema ha sido que hacía mucho calor" en la sala que han utilizado.

En cuanto al reparto de competencias, el alcalde Echávarri se reserva Comercio y Fiestas, mientras que la portavoz socialista será Eva Montesinos, además de dirigir Turismo y Playas.

Además, por parte de los socialistas Carlos Giménez tendrá el área de Recursos Humanos, Sofía Morales Economía y Hacienda, Fernando Marcos Movilidad y Seguridad y Gloria Vara ocupará Inmigración, Infraestructuras y Mantenimiento.

De Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón será, además de primer teniente de alcalde, concejal de Urbanismo (con competencias de Ocupación de Vía Pública, Conservación de Inmuebles, Patrimonio Municipal e Imagen Urbana) y Partidas Rurales, Víctor Domínguez tendrá Medio Ambiente, Limpieza, Residuos y Zonas Verdes, Nerea Belmonte Acción Social y Vivienda, Julia Angulo Participación Ciudadana y Estadística, Marisol Moreno Juventud y Protección Animal y Daniel Simón Cultura y Modernización.

En cuanto al tercer socio de gobierno, Compromís, Natxo Bellido será segundo teniente de alcalde, portavoz y concejal de Presidencia, María José Espuch gestionará Igualdad y Sonia Tirado estará en Empleo, mientras que aún deben repartirse las áreas de Contratación con la presidencia de su Mesa y también la concejalía de Memoria Histórica.

El portavoz Bellido ha explicado que las reuniones continuarán mañana para cerrar las delegaciones, que deberán ser sancionadas mediante decreto del alcalde, y ha añadido que en breve plazo se convocará la primera junta de gobierno local, aunque aún no tiene fecha (como tampoco el primer pleno, que podría ser en la primera quincena de julio).

Echávarri ha explicado que a última hora de la mañana tenía previsto reunirse con la portavoz del PP, Asunción Sánchez Zaplana, para tratar las condiciones en que desarrollará su labor de oposición, mientras que también tenía previsto encontrarse para lo mismo con José Luis Cifuentes, de Ciudadanos.

En principio, tanto populares como Ciudadanos ocuparán las dependencias que "durante 20 años" ha tenido la oposición de izquierdas, en la segunda planta, donde está pendiente la rehabilitación de la cubierta por goteras.

En cuanto al reparto de dedicaciones exclusivas, todos los concejales del equipo de gobierno disfrutarán de esta situación y se darán 3 al PP (más dos asesores) y 2 a Ciudadanos, aunque si, como es previsible, alguien del ejecutivo municipal pasa a la Diputación se irá sumando una dedicación a la oposición empezando por C's (si es una persona) y siguiendo después por el PP (si son dos los concejales que pasan a tener responsabilidad en la institución provincial).

El tripartito se propone eliminar cuanto antes las restricciones impuestas por la exalcaldesa popular Sonia Castedo para el trabajo de la oposición (conocida como ley mordaza) y favorecer la recuperación de los espacios municipales, entre ellos la sala de prensa, para que los usen tanto la oposición como las entidades o colectivos de la ciudad.