UGT pide el mismo trato para la enseñanza pública y concertada hasta los 18 años
El sindicato defiende los conciertos de Bachillerato y exige garantías frente a los posibles despidos
La Federación de empleados y empleadas de los Servicios Públicos de UGT del País Valenciano (FeSP-UGT PV) exige garantías para que el profesorado de la enseñanza concertada no sea despedido como consecuencia de la supresión de los conciertos educativos del Bachillerato y la FP.
Los trabajadores han recibido con alarma e inquietud la posible supresión de los conciertos postobligatorios de Bachillerato y FP, tal y como informó la Conselleria de Educación a los responsables de las patronales de los centros concertados católicos. Las supresiones podrían afecta a más de 270 centros educativos y casi 3.000 docentes.
FeSP-UGT Enseñanza PV defiende el "mantenimiento de los conciertos educativos que sean necesarios, incluidos los existentes en los niveles de la enseñanza postobligatoria, porque la formación de la ciudadanía en una sociedad democrática y moderna debe estar garantizada para el conjunto de la población hasta los 18 años de edad.
Califican de "artificial y estéril" la división entre escuela pública y escuela concertada porque "ambas están sostenidas con los mismos fondos públicos y el mismo tipo de profesionales y trabajadores desarrollan su actividad docente. Se les debe proteger y garantizar por igual sus condiciones laborales y la estabilidad de los puestos de trabajo.
Para UGT la planificación y el mapa escolar del sistema educativo "debe hacerse de manera conjunta entre las dos redes de centros, invirtiendo en la construcción y recursos, sin contemplarse en ningún caso la reducción de los conciertos cuando perjudican a los trabajadores de la enseñanza concertada".
Exigen al Consell del president Puig y a las patronales "garantías de su recolocación en otros centros concertados en caso de despido, para ello firmamos, apoyamos y defendemos el acuerdo de recolocación del profesorado de la concertada del 27 de julio de 2016".
También reclama que "antes que suprimir unidades y conciertos, se evalúen adecuadamente los efectos sobre el profesorado y se anticipen soluciones que sean necesarias para evitar que vean reducida su jornada y salario o sean despedidos".
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