Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas de los dominios de su corona mediante la pragmática real de fecha 20-3-1767. No analizaremos ahora las causas de esta expulsión, pero sí las consecuencias que tuvo tal decisión en la ciudad de Alicante.

El encargado aquí de ejecutar la pragmática real fue el alcalde mayor y corregidor en funciones Antonio Fernando Calderón. La cumplió al pie de la letra, siguiendo las instrucciones de secreto y diligencia. Tanto fue así, que el hecho sorprendió no solo a los jesuitas, sino a todos los alicantinos. El 1 de abril se celebró en el colegio jesuítico un certamen literario al que asistieron el alcalde y los regidores. Nada entonces hacía presagiar lo que sucedería a la mañana siguiente, cuando Calderón se presentó de manera inesperada en la residencia y colegio de la Compañía de Jesús, junto con varios alguaciles, para ejecutar la orden de expulsión.

En aquel momento vivían en la residencia jesuítica de Alicante nueve padres o sacerdotes, cinco coadjutores o hermanos y un estudiante que servía a los religiosos. Entre los primeros estaba el rector Miguel Badía; el maestro de filosofía, Ildefonso Mas; el de gramática, Damián Riera; y el de retórica, Juan Blanes.

Al día siguiente, los religiosos fueron trasladados a Segorbe y, desde allí, a Tarragona, en cuyo puerto fueron embarcados rumbo al exilio.

De esta manera rápida e inesperada acabó la estancia de los jesuitas en la ciudad de Alicante. Una estancia que había durado 130 años. En 1773, el papa Clemente XIV decretó la supresión de la Compañía de Jesús.

Los abundantes bienes que durante aquellos 130 años habían ido atesorando los jesuitas alicantinos fueron incautados por el Estado, pero, según dispuso la real cédula de 22 de agosto de 1769, debieron repartirse con la Iglesia. Los libros que conformaban la biblioteca fueron llevados al seminario de Orihuela, y algunos documentos se quedaron en el Archivo Municipal, aunque muchos se perdieron. Los muebles, alhajas y ornamentos sagrados fueron distribuidos por el obispo entre varias iglesias, siendo la principal beneficiaria la de Nueva Tabarca.

El alcalde mayor Francisco Álvaro y el obispo José Tormo se reunieron el 5-6-1770 en la Casa de la Misericordia, residencia del segundo en la ciudad, para acordar el reparto, basándose en el «Inventario de bienes y temporalidades de la Compañía de Jesús en Alicante en 1767», que actualmente se conserva en el Archivo Histórico Nacional.

El patrimonio estaba integrado en primer lugar por propiedades urbanas y rústicas, administradas directamente por la Compañía. Las urbanas eran 29 casas que poseían en Alicante y en la universidad de San Juan, cedidas en alquiler y enfiteusis, que rentaban cerca de 700 libras anuales. Entre las rústicas había fincas arrendadas enfitéuticamente o cedidas en arriendo (dos heredades: una en la partida de Cotella y otra, la principal, en la Condomina; terrenos en las partidas del Brazal del Alfar y la Cruz de Piedra; un huerto con casa, noria y 6 aljibes de agua de la Fuensanta; y un molino en la partida de Montserrat), que sumaban en total casi 90 hectáreas y 5 hilos de agua, y cuyas rentas ascendían anualmente a 1.229 libras, 8 sueldos y 3 dineros.

Contaban en segundo lugar con las rentas obtenidas a través de 4 legados (para decir misas o comprar aceite para las lámparas de las capillas, por un total de 68 libras anuales), 110 censos (que rendían en total unas 230 libras de pensión anual), limosnas (entre las que se contabilizaban las ayudas del Ayuntamiento: 270 libras por la manutención de cinco maestros, y 16 libras y 16 sueldos para la fiesta de San Francisco Javier) y de la administración de la obra pía de Francisco Martí, que contaba con 7 casas en Alicante, un almacén en la calle San Francisco, 3 censos, 3 heredades (dos en la partida de la Cañada del Fenollar y otra en la Vallonga) y 4 terrenos que rendían en total 465 libras y 3 dineros al año.

En metálico, fueron incautados 962 libras, 16 sueldos y 6 dineros. A esta cantidad se sumó lo obtenido por la venta de los toneles de vino que había en la principal heredad de los jesuitas, situada en la partida de la Condomina, así como del aceite, comestibles, ropa blanca y lana: 928 libras, 18 sueldos y 10 dineros. Todo ello ascendía a 1.891 libras, 15 sueldos y 4 dineros. Se gastaron 967 libras, 11 sueldos y 7 dineros en el traslado de los jesuitas a Tarragona, en la compra de ropa para el novicio cuando dejó la sotana, y en saldar deudas que tenían pendientes los religiosos, quedando un saldo favorable de 967 libras, 11 sueldos y 7 dineros. A esto se sumó lo recaudado con lo que se le adeudaba a los jesuitas en el momento de su expulsión: 606 libras y 9 sueldos.

La negociación para la distribución de bienes entre el Ayuntamiento y el Obispado se prolongó en el tiempo y fue tensa en muchos momentos, si bien fue el segundo el que se llevó la mejor parte. Mientras la negociación fue gestionada por una de las partes a través de una misma persona, el obispo Tormo, por la del Ayuntamiento fueron varias las que participaron, pues a Francisco Álvaro le sucedieron otros alcaldes en poco tiempo. La continuidad del obispo le permitió aprovecharse de su mejor conocimiento del proceso, frente a los regidores que fueron sucediéndose con demasiada frecuencia en la mesa de negociación.

Los bienes que correspondieron al Ayuntamiento fueron administrados por una Junta Municipal de Temporalidades, que los subastó y vendió mayoritariamente. La nobleza prefirió adquirir propiedades rústicas, mientras que los principales comerciantes se interesaron por los inmuebles urbanos.

La iglesia de los jesuitas pasó a manos de las agustinas una semana después de la expulsión de aquéllos, y si bien en un principio se pensó convertir el colegio en un seminario, al final también fue entregado a las mismas monjas el 4-10-1785.

«Las turbulencias de la Italia, y providencias tomadas por el nuevo Gobierno de Génova contra los exjesuitas Españoles, han hecho que estos se determinen á venir a España huyendo de las persecuciones, y aun de la muerte», decía la real orden de octubre de 1797 que permitió su regreso, debiendo ser acogidos en casas de parientes o en conventos no urbanos, entregándoles una pensión vitalicia.

Pedro José Ganuza y Miguel Miner fueron los dos primeros exjesuitas que arribaron al puerto alicantino, en diciembre de 1800. Al mes siguiente embarcaron rumbo a Málaga. En abril siguiente llegaron otros exjesuitas, que suplicaron les fuera aumentada la pensión de 6 libras, porque era insuficiente para sobrevivir. Pero para entonces el Gobierno ya había cambiado de opinión y ordenó que los exjesuitas fueran reembarcados a Italia. Muchos fueron concentrados en Alicante, hospedándose en la Casa de la Misericordia. El gobernador alicantino, José de Sentmanat, fletó varios barcos. El 22 de mayo salieron rumbo a Liorna, en el bergantín Sagrada Familia, del capitán Nicolás Tomasich, 152 sacerdotes y 26 coadjutores procedentes de casi toda España. Entre ellos había algunos naturales de Alicante, apellidados Carreras, Bergez, Vignau, Die, Montengon, Vasallo, Amérigo, Campos o Amat, según la lista oficial que se remitió al cónsul de España en Liorna, Camilo Manzi. El exjesuita Vicente Avellán no embarcó por estar enfermo en su villa natal de Petrel, adonde había ido «á tomar los aires nativos, para reponerse de una Fiebre lenta ó Marasmo», según certificó el médico Ramón Gómez.

En diciembre fueron enviados, también a Liorna y en la polacra Concepción, del capitán José Cervera, otros 11 sacerdotes y dos coadjutores.

En abril de 1802, el exjesuita Manuel Méndez fue llevado a Génova en la fragata Virgen del Carmen, del capitán Pascual Obad. Al mismo puerto italiano arribó en agosto el exjesuita Juan Mateo Carreras, a bordo de la polacra Nuestra Señora del Carmen, que capitaneaba el alicantino Francisco Elías. Y en septiembre, Sentmanat fletó el bergantín San Rafael, del capitán José Samper, para trasladar a Génova a otros 4 sacerdotes y 2 coadjutores, quedándose en Alicante el presbítero Tomás Salas, enfermo.

El papa Pío VII restableció a la Compañía de Jesús en 1814. Al año siguiente volvieron a instalarse los jesuitas en España. Pero no regresaron a Alicante hasta mediados del siglo XX. En 1956 abandonaron el Colegio de Santo Domingo, en Orihuela, donde se habían instalado en 1872, para trasladarse al recién construido Colegio de la Inmaculada, en Vistahermosa de la Cruz. El 21 de marzo del año anterior, el padre Francisco de P. Benítez había pedido permiso al Ayuntamiento alicantino para construir, en un terreno de 500.000 m² situado en la carretera de Valencia, un edificio de 16.000 m², presentando un proyecto firmado por el arquitecto M. López G., con un presupuesto, en su primera fase, de 4.415.173'99 pesetas. El 22 de marzo se concedió la autorización municipal y las obras comenzaron enseguida. Las instalaciones se completaron diez años después.

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