El tripartito pide a los centros comerciales 9 millones por si hay que indemnizar al pequeño comercio

El tripartito que gobierna el Ayuntamiento de Alicante ha decidido reclamar a los centros comerciales Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante, a los que un juzgado reconoce su derecho a abrir los festivos (resolución que la administración local tiene recurrida), una cantidad de nueve millones de euros para que las grandes superficies garanticen "si la sentencia inicial se revoca" que se indemnizarán los daños "que el pequeño comercio u otros interesados pudieran sufrir durante el tiempo de apertura provisional", informan desde el Ayuntamiento. El gobierno local, por otra parte, acaba de recurrir también la ejecución de sentencia solicitada por las grandes superficies para que puedan abrir los festivos de forma cautelar, y que la titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo 4 de Alicante tendrá que resolver en las próximas semanas.

El Ayuntamiento considera que la garantía económica "debe establecerse en la cuantía de los posibles beneficios de los centros comerciales durante el tiempo que transcurra hasta la sentencia definitiva. Como esta cuantía no puede saberse con exactitud, el Ayuntamiento ha tomado como referencia las propias indemnizaciones que se establecían en las sentencias referidas por los centros comerciales, extrapolándolas a los más de doscientos establecimientos que se ubican en los mismos y las posibilidades de ventas que estos tienen dadas sus características, pues en ellos se encuentran grandes supermercados y grandes cadenas de ropa", explican fuentes municipales, que cifraron esta cantidad en nueve millones de euros.

El tripartito justifica su oposición a la ejecución de sentencia por "la ausencia de motivación de los posibles perjuicios que la no ejecución conllevaría para los centros comerciales; pues ninguna prueba de esos daños se aporta, y por los daños que la ejecución provisional produciría al entramado comercial y al pequeño comercio en las zonas de influencia de los centros comerciales". Además, consideran que si bien existe el derecho a la ejecución provisional de sentencia, "en este caso, puesto que el conflicto se da entre unos sujetos determinados y concretos -las grandes superficies- y una pluralidad indeterminada -los comerciantes- resulta prudente según la Jurisprudencia que no se proceda a la ejecución provisional".

El PP afirma que el alcalde se contradice

Ante la petición del Ayuntamiento de nueve millones de euros en sus alegaciones contra la ejecución provisional de la sentencia, el portavoz municipal del PP, Luis Barcala, afirma que se trata de una contradicción con el planteamiento que el alcalde hizo en su momento del abierto total en la ciudad. "Entonces era el todo o nada, y el alcalde no hizo ningún cálculo. No sabemos cómo han calculado esos nueve millones. No se sientan a elaborar un modelo comercial claro con todas las partes, y eso crea una situación de precariedad y de total inseguridad jurídica y comercial", señala.