Tras las criticas inmediatas de PP y Ciudadanos, el plan del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, para ampliar la Explanada y paseo de Canalejas, desviando el tráfico de la fachada marítima y peatonalizando la avenida Conde de Vallellano, contó ayer con la oposición, rotunda pero inicial, de la Autoridad Portuaria de Alicante, una institución clave ya que buena parte del proyecto discurriría por terrenos portuarios. A través de un comunicado, el órgano presidido por Juan Antonio Gisbert, nombrado por el gobierno socialista del Consell, calificó de «inviable» la iniciativa, al menos a «corto y medio plazo».

En su argumentación, la Autoridad Portuaria subraya que el proyecto inicial, realizado por el ingeniero Andrés Rico, «invadiría el recinto fiscal» y, por tanto, «impediría el uso de todo el recinto portuario como zona habilitada para el control aduanero, lo que resulta absolutamente imprescindible para el tráfico de mercancías en un puerto, al impedir su tránsito libre en el interior».

Este argumento lo comparten otros expertos consultados por este diario, que consideran como el «principal problema» de la idea de Echávarri que «al introducir el tráfico dentro de la zona portuaria que actualmente está cerrada al público se partiría el recinto fiscal, impidiendo la libre circulación de las mercancías en el interior del puerto, al crear dos zonas, una a cada lado de la circulación». Así, los expertos ven «totalmente irrealizable» el citado plan, ya que «ni el Puerto podría aceptarlo ni Fomento lo autorizaría».

Con todo, entre los obstáculos a los que se enfrentaría el proyecto de Echávarri para ampliar la Explanada, más allá de las cuestiones de índole político dentro y fuera del tripartito, también estaría el coste de la obra. Los mismos expertos sostienen que el proyecto sería «extremadamente caro», es decir, que superaría con creces los 30 millones de euros en los que se ha estimado el coste de la iniciativa que Alcaldía quiere que eche a andar con la constitución de una comisión mixta presidida por el jefe del Consell, Ximo Puig, quien se comprometió el pasado martes a cofinanciar el proyecto. «Ese dinero [30 millones de euros] sería para el túnel, si no surgen problemas. Pero además habría que acondicionar las vías, ya que los espacios actuales no están preparados», explican los expertos consultados, a la vez que subrayan otra de las trabas al proyecto: «La nueva obra se llevaría por delante concesiones vigentes con muchos años por delante». Esta barrera, explican, elevaría aún más el coste final de un plan que, como apuntaron ayer desde la Autoridad Portuaria, afectaría a la avenida de Conde de Vallellano, que también es terreno portuario.

Sin diálogo

En el comunicado emitido ayer por la institución presidida por Gisbert se insistió en la falta de comunicación con el alcalde, promotor de una idea que apareció en la agenda política el martes tras su reunión con el presidente Puig: «No hemos sido consultados, ni lo más mínimo». Una circunstancia que también criticó ayer el vicealcalde y concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón (Guanyar), quien aprueba la idea de ampliar la Explanada, aunque rechazando el desvío del tráfico por el puerto y la actitud de Echávarri. «Lamentamos que no nos informara del proyecto», reconoció Pavón, quien se abrió a «negociar» el plan si el Puerto se mostrase receptivo: «Compartimos con el alcalde la idea de retirar el tráfico rodado de Conde de Vallellano, es una propuesta que llevábamos en nuestro programa electoral, pero que supeditamos a una alternativa real para el tráfico». El edil de Urbanismo desveló que Gisbert, al que consultó en su día la posibilidad de peatonalizar esa franja litoral, no se opuso a la idea, aunque le reclamó un carril para el tráfico interno del Puerto. Pavón, con todo, considera que Alicante tiene ahora «otras prioridades».