Una junta de fiscales coordinadores de la provincia de Alicante va a analizar el próximo viernes la excarcelación de Miguel López, investigado por el asesinato de María del Carmen Martínez, viuda del expresidente de la CAM Vicente Sala, han informado a EFE fuentes de esta institución.
La situación en que se encuentra el proceso judicial por este crimen ha sido incluida en el orden del día de la reunión, entre otros asuntos, debido a su gran repercusión pública.
El teniente fiscal de la Audiencia de Alicante, José Llor, responsable del caso por el ministerio público, expondrá durante la junta a sus compañeros los pormenores de la investigación que condujo el pasado 8 de febrero a la detención del sospechoso.
Asimismo, abordará con ellos la salida en libertad bajo fianza de 150.000 euros del implicado -que Llor ha recurrido ante el propio juez instructor- para tratar de fijar "una postura común" sobre una posible apelación ante la Audiencia Provincial.
Llor ha presentado hoy mismo su recurso de reforma contra esa decisión, acordada mediante un auto el pasado lunes por el titular del juzgado de Instrucción 7 de Alicante, José Luis de la Fuente.
En su informe, el teniente fiscal se adhiere a los argumentos esgrimidos por el magistrado para refrendar la existencia de indicios incriminatorios contra el presunto asesino, pero discrepa de él respecto a las medidas cautelares adoptadas.
El acusador público considera que persiste el riesgo de que López se fugue, a pesar de que tiene retirado el pasaporte, se le ha prohibido abandonar el territorio nacional y ha de comparecer semanalmente en el juzgado.
Además, según las fuentes consultadas, la fiscalía tampoco cree que la fianza que ha depositado pueda disuadirle de eludir la acción de la Justicia a la vista de su alto poder adquisitivo, que él mismo ha reconocido en sus declaraciones y que ha sido constatado en un informe policial sobre su patrimonio.
El fiscal alude en este sentido en su escrito al poco tiempo que ha necesitado el investigado para reunir el montante exigido por el juez para salir de la cárcel.
Por otro lado, reclama al instructor que imponga al reo una medida de alejamiento, bien por sí mismo bien por persona interpuesta, con los empleados de Novocar, el concesionario que él regentaba y donde falleció la víctima el pasado 9 de diciembre tras recibir dos disparos.
A juicio del representante de la acusación, la prohibición de acceso a las instalaciones acordada por el juez no es suficiente para impedir que pueda presionar a los testigos para que modifiquen sus declaraciones en el juicio con jurado que debe celebrarse en los próximos meses.
López abandonó el pasado lunes por la tarde el centro penitenciario de Fontcalent en dirección a su casa, ubicada en una finca de 300.000 metros cuadrados que comparte con su mujer y sus tres cuñados, todos ellos hijos de la asesinada.
Hasta el momento, el implicado, que ha defendido siempre su inocencia, no ha hecho ninguna declaración pública, aunque su abogado, José Antonio García Sánchez, ha dejado abierta esa posibilidad.
