El alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, echó ayer un poco más de gasolina a la polémica que mantiene con la asociación de vecinos Gran Vía Sur-Puerto (los residentes del entorno portuario han denunciado al Ayuntamiento al acusarle de no hacer nada por solucionar el movimiento de graneles), al plantear al consejo de administración de la Autoridad Portuaria que realice un informe para determinar si la campaña iniciada por los vecinos contra el actual sistema del tratamiento de los graneles (cemento y clíncker principalmente) ha lesionado los intereses económicos del Puerto y los trabajadores.

Echávarri, consejero como el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, acudió a la sesión ordinaria reforzado por los datos del primer informe realizado por la Universidad de Alicante, que ha determinado que entre noviembre y diciembre del año pasado la emisión de partículas a la atmósfera no superó los límites fijados por la legislación que regula la contaminación del aire.

El alcalde quiere conocer, en su condición de consejero, si la oposición de los vecinos al movimiento de los graneles a cielo abierto ha provocado, por ejemplo, el desvío de algún barco, o que las empresas que trabajan en los muelles se hayan planteado irse de Alicante.

Por otro lado, en el consejo se aprobó la renovación durante doce años más la concesión a la empresa Marina Deportiva que gestiona los pantalanes de la dársena de Levante. A cambio, la mercantil tendrá que invertir 4,5 millones de euros en obras, entre ellas el dragado de cuatro metros del calado del canal donde se encuentra la popular estatua del surfista para facilitar el acceso de yates de gran envergadura.

Además, el presidente de la Autoridad Portuaria, avanzó que TMS, la terminal que gestiona la terminal de contenedores tiene previsto incorporar la tercera grúa pórtico con un coste superior a los dos millones de euros.

Durante la reunión del consejo también se dio cuenta de la decisión de no renovar la concesión a la empresa propietaria de la réplica del Santístisma Trinidad, que lleva años amarrada frente al Casino y que debe abandonar el puerto tras no superar una inspección técnica. Los actuales propietarios, que en un principio la compraron para llevarla al desguace, han reconsiderado su decisión y plantean abrir en su interior un gastrobar pero, de momento, la decisión del Puerto no tiene marcha atrás y ayer mismo caducó al concesión. A partir de ahora falta saber la fecha de la marcha.