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Estas viviendas son públicas, propiedad de la Conselleria de Vivienda. El estado de estas casas es lamentable, según han denunciado los vecinos en repetidas veces, y muchas de ellas están ocupadas de manera ilegal.
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Según el informe de la Universidad Politécnica de Valencia para llevar a cabo las actuaciones necesarias en el barrio habría que desalojar a todas las familias.