«Más que miedo a una filtración, lo peor que puede pasar en una oposición es que un examen sea anulado por los tribunales. Una en la vida nunca sabe cómo alguien puede actuar, pero es muy complicado que haya fugas de información en las ofertas de empleo público de la Generalitat». No habla un político ni un cargo público, sino una funcionaria con más de 14 años de experiencia en el servicio de provisión y selección de puestos de trabajo de la Generalitat.
Se llama Teresa Carrasco y debe ser de las personas que más sepa sobre cómo preparar una oposición en la Generalitat y no morir en el intento. En una época en lo que lo fácil es denostar al funcionariado, la directora general de Función Pública, Eva Coscollà, le cede el protagonismo para explicar a este diario los entresijos de cómo convocar una oferta de empleo público con garantías de que los exámenes no acabarán antes en manos de unos cuantos privilegiados.
La sombra de la sospecha de filtraciones de exámenes o de oposiciones no del todo limpias en la Generalitat no ha llegado nunca a despejarse. Leyenda negra para algunos, realidad para otros; lo cierto es que, según explica Carrasco, existe todo un protocolo de actuación que hace, si no imposible, sí al menos muy complicadas las fugas de información. La cadena de custodia, avala Eva Coscollà, también funcionaria y con experiencia el mismo servicio, será aplicada a raja tabla en las próximas oposiciones que convocará la conselleria a la vuelta del verano.
Contravigilancia
La garantía de que no habrá filtraciones se basa en varias circunstancias, entre ellas, en que el círculo de personas que conoce el examen final es estrecho y en la existencia de un sistema de contravigilancia, de tal manera que el tribunal controla todo el proceso de confección de la prueba, pero al mismo tiempo es observado por personal de la conselleria. Además, los aspirantes pueden revisar su examen y el de cualquiera de sus contrincantes, una oferta, explica Carrasco, que no tienen no todas las autonomías.
Sobre los hombros de algunos funcionarios -la propia Carrasco o, por ejemplo, Rafa Aguilar, subdirector general de Promoción Profesional-, recaen muchas de las cuestiones claves que tienen que ver con la seguridad. Para empezar hay que 'instruir' a los miembros de los tribunales (todos funcionarios seleccionados por las consellerias en función de la especialidad) para que el redactado de las preguntas no acaben en impugnación y, sobre todo, para que tengan claro que están sujetos a confidencialidad y que son responsables penales en caso de filtración.
Una oposición tipo, por ejemplo para grupos A1 y A2 consta de tres pruebas. Pero la primera, el tipo test es la que está más expuesta. La segunda consiste en preguntas que se eligen al azar. Cada miembro del tribunal debe redactar un listado de preguntas en un número superior a las que formarán parte del examen. E l presidente las selecciona, aunque puede modificarlas y configura el examen. Este documento queda grabado en un pen. No se puede enviar ni por correo electrónico ni grabarse en el disco duro. Es el momento en que se activa la cadena de custodia.
El proceso de traducción y de fotocopiado se hace delante del tribunal y del funcionario al mando. Si no se necesitan muchas copias, se usa una fotocopiadora instalada en un lugar reservado.
Los exámenes, incluidos las copias en mal estado se precintan y se guardan. Antes existía una caja fuerte, pero ahora Justicia dispone de un cuarto específico más amplio que sirve de almacén. Se cierra con llave y sólo hay dos copias, en manos de responsables del servicio de selección.
La Generalitat suele externalizar el servicio de las copias, pero según Carrasco el riesgo de fugas de información es mínimo por varios motivos. Hay extrema reserva sobre la empresa que da el servicio y todo el proceso, desde el transporte de los exámenes, hasta la impresión vuelve a estar vigilado por los funcionarios y el tribunal.
Se desplazan físicamente a la empresa, vigilan el grabado del examen y la impresión, un proceso que a veces les lleva toda la noche. Luego, bajo el brazo, se llevan el material, con la plancha incluida y las fotocopias defectuosas.
La realidad, explica, Teresa Carrasco es que no hay muchos voluntarios para estar en un tribunal. «Tiene más inconvenientes que ventajas». De hecho, cobran la indemnización regulada por decreto y que hace años, con la crisis, se revisó a la baja. Aguilar apunta otro argumento a favor de la limpieza de las oposiciones: el proceso selectivo es muy garantista; se prima la objetividad, lo que no siempre garantiza que se seleccione a los mejores.
